Zaragoza Urbana encuentra impedimentos urbanísticos

El responsable del área de Patrimonio en Diputación, Francisco Menacho, lamenta las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en las que responsabiliza a la institución provincial de los retrasos acumulados en la conversión de la Institución Fernando Quiñones -antiguo colegio Valcárcel- en hotel de cinco estrellas. “Hasta ahora hemos mantenido una actitud prudente, buscando soluciones amistosas, pero las acusaciones de la alcaldesa me dejan perplejo: Diputación no es responsable de ninguno de los retrasos, pero el Ayuntamiento, que mantiene aún divergencias con la empresa Zaragoza Urbana, no puede decir lo mismo”.
De hecho la propia firma aragonesa, propietaria del inmueble desde el 25 de junio de 2003, ha expresado a Diputación “las determinaciones que impiden o dificultan gravemente el desarrollo urbano e inmobiliario” de la actuación proyectada en el antiguo Valcárcel. Discrepancias mantenidas con el Ayuntamiento desde el 16 de febrero de 2009. En la citada fecha el Pleno municipal adoptaba la aprobación inicial de la revisión del PGOU y, según la versión de la empresa hotelera, dicho documento incumple algunos términos del convenio urbanístico que habían suscrito con el Ayuntamiento el 27 de junio de 2005.
Los incumplimientos descritos por la empresa impiden, a su parecer, la redacción de tres proyectos técnicos de ejecución, referidos al edificio del hotel, al aparcamiento y a la propia ordenación del conjunto.

Escuela de hostelería
Estas son las únicas causas concretas que encuentra Diputación, junto a las dificultades económicas de la crisis que reconoce Zaragoza Urbana, para justificar los retrasos. “Diputación nunca ha entorpecido el proceso, sino todo lo contrario”, sostiene Menacho. El responsable de Patrimonio también asegura que el mantenimiento o traslado de la Escuela de Hostelería, que se aloja en la Institución Fernando Quiñones, “nunca será un obstáculo para emprender las obras”.
Menacho recuerda que el ex-presidente de Diputación, Rafael Román, ya cursó el 16 de abril de 2002 una carta a la alcaldesa de Cádiz en la que le demandaba “la mayor urgencia posible” para cambiar la calificación urbanística del inmueble -de educativo a hotelero- a través de una modificación puntual del PGOU. Román, en la misma misiva, trasladaba a Teófila Martínez la plena disposición del personal técnico de Diputación y toda la información que necesitara el Ayuntamiento.
Como respuesta, la alcaldesa de Cádiz se limitó a reiterar la necesidad de suscribir un convenio. La circunstancia, recordada por Francisco Menacho, motiva su particular opinión: “La alcaldesa, en su afán de notoriedad, sólo quería figurar cuando lo que en la práctica se le demandaba era la agilidad necesaria para que el proyecto hotelero fuera una realidad. La realidad es que la modificación puntual del PGOU que necesitaba la empresa, y que se otorga con premura a particulares y empresas para no frustrar negocios, tardó más de 7 años en llegar”.
Francisco Menacho asegura que, en lo que respecta a Diputación, “las obras pueden empezar cuando quieran”. En cualquier caso, “considerando la importancia que tiene este proyecto para Cádiz y, a tenor de las dificultades expuestas por la empresa, estamos dispuestos a revisar las condiciones del contrato y modificar sus plazos de ejecución”.