Andalucía registra un déficit de 31.475 plazas en residencias de mayores para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con mayor déficit de plazas residenciales.
El informe detalla que la comunidad contaba con 44.842 plazas en residencias de mayores en 2021, 102 menos que un año antes, frente al aumento del 2% registrado a nivel nacional. En Andalucía, el 65,9% de esas plazas cuentan con financiación pública y el 34,1% restante con financiación privada.
De acuerdo con el estudio, España alcanzó en 2021 las 397.443 plazas (7.766 más que el año anterior), tras el "estancamiento" en 2020 por la pandemia de la Covid-19, aunque también ha aumentado el déficit de plazas residenciales, de forma que aún se necesitan 76.350 para alcanzar las 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años que establece la .
"Los datos recientemente publicados por el Imserso parecen indicar un crecimiento del sector residencial en 2021, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del enorme impacto del Covid-19 en estos centros. Se pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración", señala la asociación en un comunicado recogido por Europa Press.
Por ello, precisa que, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando. Así, si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350.
Además, la asociación advierte de que, teniendo en cuenta la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias al menos 35.000 plazas residenciales para las personas con dependencia severa (Grado II) o grandes dependientes (Grado III), que se encuentran en la lista de espera o 'limbo' de la dependencia.
Según los últimos datos oficiales del Imserso, 80.862 personas con Grado II y III están en lista de espera para ser atendidas, a las que hay que sumar 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.
Según el estudio, las comunidades con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475 y 23.485 respectivamente. Mientras, en cinco comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 17.503, seguida de Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias.
Respecto a la financiación, más de 6 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública (el 62,7%), lo que incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Según el informe, el porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado "ligeramente", pero se ha "estancado" en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Por el contrario, las que menos plazas de financiación pública tienen son Canarias y la Comunidad Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Por su parte, Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%).
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta "a todas luces inadecuada" en la sociedad actual ya que la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años.
Por ello, solicita al Imserso que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar "una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector".
También recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales anunció un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022 pero advierte de que ha finalizado el año sin que el INE haya publicado dichos datos.
