La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha presentado un escrito en la Audiencia Provincial de Sevilla para que se revoque la condena de prisión y se quede en sólo una pena de inhabilitación. Fue condenada a seis años de cárcel por el caso ERE en noviembre de 2019. La defensa de Martínez Aguayo se acoge a la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la que se aprobó a finales de 2022 que se redujera a tres años de prisión para los casos de malversación sin ánimo de lucro.
Martínez Aguayo reclama su absolución del delito de malversación del artículo 432 del Código Penal o que sea condenada por la nueva fórmula del 433 “en su modalidad no agravada”.
“Atendiendo a la continuidad y la relación concursal medial con la prevaricación, y partiendo de la modalidad de malversación del artículo 433 del Código Penal no agravada, la pena imponible por dicho delito sería de inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses”, considera la defensa, reclamando revisar la condena merced a los motivos expuestos, revocarla parcialmente y absolver a Martínez Aguayo del delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, “para que se la condene por un delito del actual artículo 433, en su modalidad no agravada, en concurso medial con el delito de prevaricación; revocando la condena de prisión impuesta y manteniendo como única pena la de inhabilitación especial”.
Fue consejera socialista de Hacienda entre 2009 y 2013. Fue la primera persona condenada por el Caso ERE que ingresó voluntariamente en prisión, el pasado 28 de diciembre. Desde entonces cumple su condena en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Desde que dejó de ser consejera del Gobierno de José Antonio Griñán trabajaba en el centro de salud El Cachorro, en el popular barrio sevillano de Triana.
Otro condenado por el caso ERE que ha pedido que se revoque su condena a cárcel es Miguel Ángel Serrano Aguilar, el que fuera director general de IFA/IDEA. Por otro lado, Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, también ha pedido que se revoque su pena a cárcel.
