Tanto el PP como el PA han mostrado durante la presente semana su malestar ante la decisión adoptada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de rechazar la petición de modificación del convenio actualmente suscrito entre el Consistorio pontanés y la Administración autonómica, para ampliar el número de plazas del Centro de Atención Temprana, que gestiona la Asociación Disgenil, en el que desarrollan diferentes actividades encaminadas a la estimulación sensitiva, psíquica y verbal de niños de 0 a 4 años que tienen algún tipo de disfunción o discapacidad.
En rueda de prensa celebrada en la sede local del PP, la parlamentaria María Jesús Botella calificó la medida de “vergonzosa, indignante e injusta” y anunció que el grupo popular en el Parlamento andaluz presentará una proposición no de ley en la que instará al Ejecutivo autonómico a aumentar el número de plazas conveniadas, y además pedirá la comparecencia de la consejera de Salud, María Jesús Montero, para que explique los motivos de este rechazo. Botella afirmó que “no es de recibo que en la actualidad el número de plazas conveniadas sólo sea de 25 cuando se está atendiendo a 57, algo que no es justo ni para la Asociación Disgenil ni para los padres”, y dijo que este tipo de decisiones constituyen un ejemplo de la hipocresía del Gobierno socialista”.
Por su parte, el secretario local del PP, Antonio Pineda indicó que “ya no nos pilla de sorpresa que la delegada provincial de Salud trate a Puente Genil de forma discriminatoria con respecto a otros municipios de la provincia” y tildó de “desfachatez” que una petición realizada por todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Puente Genil sea rechazada sin ningún argumento”.
Pineda fue más allá en sus argumentos, y además de calificar este rechazo como una “desconsideración para las familias pontanas”, cargó contra el secretario local del PSOE, Esteban Morales, al que pidió que “traslade esta realidad a sus compañeros de partido, la defienda, y en su caso explique a estas familias los motivos y las razones por las que el convenio no se amplia”.
Por su parte, el secretario local del PA, José Luis Borrego, ha acusado a los responsables de Salud, de tener una gran falta de sensibilidad con un colectivo especialmente vulnerable, propiciando una situación totalmente discriminatoria respecto a lo que ocurre con otras localidades de la provincia. “Los profesionales que tienen que atender a los pequeños se vean desbordados -dijo Borrego- ya que la Junta sólo paga los que corresponden a 25, una situación tiene que suplirse con el implemento económico que tiene que aportar tanto Disgenil como el Ayuntamiento, cuando la responsabilidad y competencias corresponden por ley a la administración autonómica”.
Borrego, que junto con otros miembros del partido se personó en el Centro Ocupacional Juan XXIII para mantener una entrevista con la directora de Disgenil, María Jesús Estepa, ofreciendo el apoyo de su partido a la asociación y a los padres de alumnos, calificó de injusta la solución que hasta ahora ha ofrecido la Consejería como es el estudio de redistribución de los alumnos en otros centros de la provincia: "Es inaceptable -dijo- que los pontanenses tengamos que salir de nuestra ciudad para que nazcan nuestros hijos, tengamos que ir a otros hospitales para enfermedades complejas, tengamos que ir a Aguilar para registrar nuestras propiedades, todavía tengamos que ir a Lucena a pasar la ITV, y ahora la Junta quiere que estos niños de especial vulnerabilidad también tengan que salir de su pueblo para ser atendidos". Para el dirigente andalucista no es de recibo que Puente Genil se vea también discriminada con esto, pues otras localidades con población inferior, como Priego, Montilla, Lucena o incluso Aguilar llegan a multiplicar hasta por tres el número de plazas concertadas que tiene Puente Genil. Para el edil andalucista “este tema hay que abordarlo con especial sensibilidad, pues tanto Disgenil como los padres no pueden dejar de atender a los niños que sobrepasan la ratio de plazas concertadas, y no pueden presionar dejando de ofrecer los servicios porque los perjudicados serían los niños”.