Más diálogo, ejecutar las obras pendientes y sacar del foco mediático al sector de la fresa. Son algunas de las conclusiones que dejan las comparecencias de agentes sociales, agricultores, ecologistas, científicos, alcaldes y cooperativas sobre el proyecto de ley de ampliación de regadíos que está tramitando PP y Vox en el Parlamento andaluz.
Especialmente incisivo fue el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el biólogo Miguel Delibes, quien reiteró que esa proposición de ley no resolverá los problemas de regadío y la conservación en toda la zona que rodea al Parque Nacional de Doñana. “Esta proposición de ley ha conllevado la mayor crisis ambiental, institucional y mediática. Está en juego la conservación de Doñana, el futuro de los agricultores y la imagen de Huelva”, dijo.
Precisamente alcaldes de municipios onubenses también pidieron otro tipo de soluciones para el sector agrícola de la zona.
En la procesión de comparecientes por la comisión parlamentaria llamó la atención los posicionamientos de unos y otros. Por ejemplo, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía opinó que “el plan es una oportunidad de desarrollo y velará por el patrimonio de Doñana” y lamentó que “se está lanzando un mensaje desvirtuado a Europa”. Ese apoyo de Cooperativas al plan de ampliación de regadíos de PP y Vox solo fue respaldado por un funcionario jubilado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por un agricultor.
El resto, sindicatos, ecologistas y organizaciones agrícolas mostrando su total rechazo a este proyecto de ley. El secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López, dijo que “primero hay que consolidar el regadío existente, recuperar el acuífero y cuando estén las obras hidráulicas estudiar nuevos regadíos en la zona”.
Desde la organización ecologista WWF se alertó de que, de salir adelante esa ley, “unas 1.900 hectáreas se podrían legalizar” cuando el acuífero está “sobreexplotado”. También, el secretario de Sostenibilidad de UGT Andalucía, Emilio Fernández, dejó claro otro de los problemas que esta proposición de ley esta dejando: “La excelencia de la marca de la fresa de Huelva en el exterior”. Añadió que “hace falta que haya acuerdo político y se saque al sector agrícola de esta batalla política”.
La mayoría han coincidido en esa necesidad de llegar a pactos entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y acabar con una división que enfrenta a agricultores y que está dañando la imagen de los productos onubenses en muchas zonas de la Unión Europea, como en Alemania, que comenzó con un boicot contra la fresa de Huelva.
Para el PSOE la solución es que el PP ponga fin al proyecto de ley y para el PP, las obras hídricas. Las posturas están alejadas pero ya el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció este martes que se abre a modificar la proposición de ley a base de enmiendas que ofrezcan alternativas “reales y creíbles”.
Hay un problema enquistado y “heredado” por el actual Gobierno andaluz, de manera que se ha decidido de forma “correcta” intentar solventarlo, sin menoscabo para los intereses medioambientales del parque, según Moreno.
El propio presidente ha recalcado que esta proposición de ley garantiza que “jamás de los jamases se coja agua del subsuelo” del parque. “Esta es una ley garantista y persigue preservar el parque de Doñana y, por tanto, esperamos que haya aportaciones en positivo”, ha indicado Moreno.
Bronca política
Por último, la sesión parlamentaria se inició con bronca después de que la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana Chocano, llamara al orden al diputado socialista Mario Jiménez por la forma de hacer sus preguntas a los comparecientes. Ambos se enfrentaron durante varios minutos.
