La Justicia inaugura este jueves un nuevo curso con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en descomposición, que se eligió en 2013, que debía haberse renovado en 2018 y que el próximo 4 de diciembre podría batir récord, sumando los mismos años con el mandato vigente que con el mandato caducado.
En esta ocasión, la apertura del año judicial estará a cargo del presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, quien por primera vez asumirá el discurso del acto presidido por el Rey Felipe VI. Junto al magistrado intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien en 2022 no pudo acudir a presentar la Memoria del Ministerio Público por haber dado positivo en covid-19.
Cabe recordar que el año anterior fue Carlos Lesmes --aún presidente del CGPJ y del Supremo-- quien dio el discurso inaugural de la apertura del año judicial 2022. Aquel día aprovechó su intervención para deslizar una amenaza de dimisión si PSOE y PP no se ponían de acuerdo para renovar el CGPJ. Minutos después, dejó patente la amenaza en declaraciones a la prensa y el 9 de octubre la cumplió.
La partida de Lesmes, que no tuvo éxito en cuanto a sus objetivos, provocó una bicefalia en el Poder Judicial. Los vocales del CGPJ se negaron a aceptar a Marín Castán, entonces vicepresidente interino del TS, como jefe del órgano de gobierno de los jueces, por lo que entronizaron a Rafael Mozo como su nuevo líder.
Desde entonces, un cargo que debe desempeñar la misma persona se ha desdoblado y Marín Castán ha venido ejerciendo las funciones de presidente del Supremo, mientras que Mozo ha actuado en calidad de presidente suplente del CGPJ por ser su vocal de mayor edad.
La situación se agravó el 19 de julio por la jubilación de Mozo. Tras una nueva crisis suscitada por el debate sobre la "dedicación exclusiva" del presidente interino del CGPJ, finalmente Vicente Guilarte, el nuevo vocal de mayor edad, aceptó renunciar a sus trabajos como profesor y abogado para asumir el cargo.
Según las fuentes del CGPJ consultadas por Europa Press, en el órgano confiaban en que fuera Guilarte quien diera el discurso de apertura del año judicial, al ser la cabeza del Gobierno del Poder Judicial, por lo que el hecho de que esta tarea haya recaído en Marín Castán podría abrir un nuevo frente.
Durante los últimos cuatro años, el discurso de apertura del año judicial recayó en la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces. Año tras año, Lesmes subió el tono de su intervención y envió mensajes cada vez más contundentes a los grupos parlamentarios responsables de llegar a un acuerdo para elegir a los vocales del CGPJ, que este septiembre cumplen 4 años y 9 meses en funciones.
En este tiempo extra, el CGPJ ha pasado de contar con 20 vocales y un presidente a tener solo 16 vocales, incluido su presidente interino. Ello porque en el camino ha sufrido las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Mozo, las dimisiones del propio Lesmes --con la intención de forzar el acuerdo político-- y de Concepción Sáez, así como el fallecimiento de Victoria Cinto.
Desde finales de 2018, el órgano de gobierno de los jueces también ha visto reducidas sus funciones toda vez que en 2021 las Cortes aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales mientras se encuentre en funciones.
El pasado verano, ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo y las dudas legales de una eventual renovación del Tribunal Constitucional (TC) sin los candidatos del CGPJ, salió adelante una proposición de ley que impulsaba una reforma legal exprés para devolver al órgano de gobierno de los jueces en funciones su capacidad de hacer nombramientos, pero solo para designar a sus dos candidatos al TC.
Así, el CGPJ sigue sin poder hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, con el caso sangrante del Tribunal Supremo, que acumula ya unas 22 vacantes y bajas en todas sus Salas: 2 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 2 en la de lo Militar --que el 7 de septiembre suma una tercera baja--.
El alto tribunal continúa con su carga habitual de trabajo e intenta hacer frente con las vacantes acumuladas. Según un informe del Gabinete Técnico del Supremo, solo con las bajas en dos de sus salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos --570 en Contencioso y 660 en Social--.
Entre los asuntos que tiene pendiente resolver el Supremo destacan las euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín. El juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, ya advirtió el pasado julio que no resolverá al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.
Al margen, está previsto que el próximo 15 de noviembre la Sala de lo Penal celebre una vista para abordar el recurso de los condenados por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña.
Se espera también la deliberación y fallo sobre el recurso que presentó una funcionaria de Policía condenada en el juicio que se celebró contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', por falsificar un DNI para que un amigo le hiciera el examen de Selectividad de 2012.
Y está pendiente a su vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre la idoneidad del indulto concedido por el Gobierno al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras en 2021.
