La dimisión, esperada, de la concejala de Hacienda y de Seguridad Ciudadana, Francisca Bernal, este miércoles abría varios interrogantes siendo uno de los principales la identidad de la persona que a partir de ahora gestionará las dos importantes delegaciones que se quedan vacantes.
Sin embargo, con el paso de las horas y teniendo en cuenta todos los acontecimientos que se han sucedido en estas dos últimas semanas, especialmente agravados tras la sesión plenaria del pasado viernes, todo apunta, según nuestras fuentes, que el PSOE, encabezado por David Valadez, estaría sopesando maniobras que irían más allá de la delegación de estas concejalías en alguno de los once ediles con los que gobierna en la actualidad el primer edil esteponero, frente a los catorce con los que cuenta la oposición.
Parece ser que incluso se estaría barajando la posibilidad de un cambio de alcalde para tratar de mantener este Gobierno hasta el final de la legislatura, teniendo en cuenta que ahora el principal de los problemas a los que se enfrenta este equipo de Gobierno es a la posibilidad de que el Ayuntamiento de Estepona no pueda hacer frente al pago de nóminas de los trabajadores de las empresas y del Ayuntamiento hasta el próximo mes de enero, cuando el Patronato podrá adelantar parte de la racaudación ya correspondiente al ejercicio del 2011.
Situación sin precedentes
Cuando en junio de 2008 la operación ‘Astapa' desmantelaba el Ayuntamiento de Estepona, provocaba el ingreso en prisión de seis personas, entre ellos el alcalde o dos ediles del PES, y más de 70 personas, hasta el día de hoy, se veían involucradas en esta investigación, ya la situación se convertía en anómala, con una Corporación en la que el alcalde se descubría como uno de los denunciantes del caso, mientras la mayor parte de los ediles estaban imputados en la causa a la que hacemos referencia. Un año y medio después el propio alcalde, el socialista David Valadez, quien hasta entonces se había mostrado como el adalid de la legalidad, junto con su compañera de partido, Cristina Rodríguez, resultaba imputado por dos presuntos delitos urbanísticos, mientras las querellas y denuncias contra su persona por diferentes cuestiones comenzaban a sucederse en los diferentes juzgados de la localidad. Por otra parte, la pasada semana un juzgado de Estepona incoaba diligencias por una denuncia contra la edil Cristina Rodríguez y su cargo de confianza, en un asunto que podría acabar salpicando al alcalde, mientras el asunto de la presunta incompatibilidad de la concejala socialista todavía se encuentra pendiente. La edil de Estepona 2007, Rosa Díaz, y socia de Gobierno de David Valadez, también resultaba imputada por un asunto relativo a la liquidación de una empresa municipal cuando ella era alcaldesa de la localidad.
Y en medio de este panorama, cuando se ha llegado a una ingobernabilidad tal que este mes parece improbable que se pueda hacer frente a las nóminas de los más de 1.300 trabajadores, el alcalde y sus socios se encuentran buscando una salida a esta situación, con el fin de llegar a mayo de 2011.
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