Los líderes de la UE acordaron ayer en su plan para la reactivación de la economía europea elevar hasta 500.000 euros (desde los 200.000 actuales) y durante dos años la cuantía de las ayudas públicas que los Estados miembros pueden conceder a empresas sin necesidad de autorización.

El Consejo Europeo que ayer concluyó en Bruselas respaldó la propuesta de la Comisión Europea de destinar alrededor de 200.000 millones de euros (equivalentes al 1,5% del PIB comunitario) a medidas de impulso de la actividad y el empleo.

La mayor parte del dinero (170.000 millones) tendrán que aportarlo los Estados miembros, mientras que del presupuesto comunitario y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) saldrán los 30.000 millones restantes.
Los países podrán elegir las medidas concretas que prefieren aplicar para recuperar la confianza, apoyar a las empresas y fomentar la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, los Veintisiete citaron, entre las herramientas disponibles, las bajadas de impuestos o cotizaciones sociales, las acciones de apoyo a los sectores más castigados (como el automóvil y la construcción) y las ayudas directas a las familias.

En cuanto a la aportación de la UE, los líderes decidieron, además de subir temporalmente el umbral de las subvenciones que se pueden conceder a las empresas –con especial atención a las pymes–, aplicar en las licitaciones de grandes proyectos públicos el procedimiento acelerado, también durante dos años, que reduce el plazo de concurso de 87 a 30 días.

Respaldaron, asimismo, incrementar hasta 30.000 millones de euros los créditos del BEI a las pymes hasta 2011. Estos préstamos deberán dar prioridad a proyectos de energías renovables y para el transporte limpio (poniendo el acento en el sector del automóvil).

También se mostraron favorables a acelerar los programas financiados por el Fondo de Cohesión, los Fondos estructurales o el Fondo de Desarrollo Rural, y aceptaron revisar el funcionamiento del Fondo de ajuste a la globalización, creado para facilitar la vuelta al empleo de trabajadores afectados por procesos de “deslocalización” empresarial para ampliar su margen de actuación y su agilidad.

Sin embargo, no consiguió respaldo suficiente la propuesta de la Comisión de utilizar 5.000 millones de euros, asignados en principio al capítulo agrícola y que no han sido utilizados, a mejorar las interconexiones eléctricas y de banda ancha de internet.