La economía española afronta un año de desaceleración del crecimiento por el impacto que sobre la inversión y el consumo tiene la subida de los tipos de interés, y por el debilitamiento de las exportaciones, en un contexto de inflación todavía elevada y de vuelta a la disciplina fiscal europea.

Los mercados son optimistas y dan por descontado que los tipos empezarán a bajar en 2024, pero el Banco Central Europeo (BCE) enfría los ánimos diciendo que aún no se puede bajar la guardia en la lucha contra una inflación que no se prevé que el año próximo baje al objetivo del 2 % en el que se considera que los precios están bajo control.

Como la trasmisión de la política monetaria a la economía real va con retraso, en 2024 todavía se notarán los efectos de las subidas que han llevado los tipos de interés hasta el 4,5 % en 2023, un impacto que implica un acceso más restringido al crédito que se traduce en menos inversión empresarial y un menor consumo de los hogares.

La caída del gasto privado ayuda a contener los precios pero frena el crecimiento, un escenario en el que la economía española avanzará por encima de la media europea, aunque las exportaciones se verán lastradas por el frenazo de socios comerciales tan importantes como Alemania y Francia.

Se prevé que la inflación siga moderándose gradualmente en 2024, hasta una media anual del 3,3 % según las últimas proyecciones modificadas a la baja del Banco de España, que contempla precios más bajos de la energía para los próximos trimestres y la prórroga de la reducción del IVA de los alimentos y de la subvención al transporte público hasta junio y diciembre, respectivamente.

El Gobierno tiene aún que decidir si mantiene alguna más de las medidas adoptadas para frenar la crisis de precios que desató la invasión rusa de Ucrania en 2022, como las rebajas de impuestos en las facturas de la luz y el gas.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) calcula que en caso de prorrogarse el grueso de las medidas, la inflación podría bajar al 2,7 % de media en 2024, aunque tanto la Comisión Europea como el BCE han aconsejado su retirada de cara a un ejercicio en el que se retoma la disciplina fiscal en Europa después de tres años de suspensión por la pandemia y la guerra en Ucrania.

Incurrir en un mayor gasto público dificultaría el objetivo de España de bajar el déficit público al 3 % del PIB, una tasa que si se supera supone la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de Bruselas.

La reducción de déficit es clave para no aumentar la deuda pública, cuestión central en las nuevas reglas fiscales europeas para todos los países con un endeudamiento superior al 60 % del PIB.

El Gobierno de coalición ha aprobado un techo de gasto récord para los presupuestos de 2024 de cerca de 200.000 millones de euros, que incluyen casi 10.000 millones en fondos europeos.

De Europa comenzarán a llegar en 2024 parte de los 84.000 millones en préstamos asociados a la segunda fase del plan de recuperación, transformación y resiliencia, que se canalizarán hacia proyectos estratégicos (PERTE) como el del vehículo eléctrico o el de los microchips.

En política laboral se presentan retos como el de abordar la prometida reducción de la jornada laboral o la reforma del despido, mientras que se prevé avanzar hacia el "pleno empleo", entendido como una tasa de paro del 8 %.

En el ámbito financiero se espera el desarrollo de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que centralizará todas las reclamaciones contra bancos, aseguradoras o fondos de inversión, y que se siga de cerca la evolución de la remuneración de los depósitos, ante la lentitud con la que han trasladado al ahorro la subida de los tipos.

A lo largo del año también se tendrán que revisar los impuestos temporales a las grandes energéticas y a la banca, teniendo en cuenta que en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar está pactado que se mantendrán, mientras que se decide si se abre el melón de la financiación autonómica, pendiente de revisión desde 2014.