El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo (PP), debe ser imputada dentro de la operación Brugal por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.

Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas y ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el caso Brugal), donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación
con Ortiz, además de constructor dueño del Hércules CF.

Concretamente, el escrito del 17 de junio de 2010 del fiscal propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

El documento de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta dio “en gran cantidad de ocasiones” información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó “a la medida” del empresario en “aspectos relevantes”.

Se refiere a “apaños” en las zonas urbanísticas “APA-9”, “Lomas de Garbinet” y (estadio) “Rico Pérez”, y relata llamadas como una del 26 de junio de 2008 entre Ortiz y el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, para hablar del proyecto de remodelación del campo del Hércules “con la anuencia” de Castedo (entonces concejal de Urbanismo) y el ex alcalde Luis Díaz Alperi.

También refleja que la alcaldesa recibió “dádivas” del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Ibiza y la compra de un coche Mini Cooper.

Además, le atribuye peticiones a Ortiz para contratar a “personas de confianza”, sobre lo cual la alcaldesa ha contestado que sí ha mediado tanto con él como con otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo a alicantinos que sufren situaciones “dramáticas” por el paro.

En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo.