La sombra del daño medioambiental en Huelva provocado por la empresa Fertiberia, dedicada a la fabricación y venta de fertilizantes y perteneciente al Grupo de Empresas Villar Mir, no parece querer mudarse, al menos, a medio plazo.
Y, es más, está rozando prácticamente ya a instituciones oficiales, caso de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que ha salido mal parada de la respuesta que el Defensor del Pueblo Estatal ha realizado sobre una queja remitida por la Asociación Mesa de la Ría, Greenpeace y WWF sobre la Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Administración andaluza y que es “nula de pleno derecho”.

El argumento principal esgrimido por el Defensor es que “le otorga el derecho a desarrollar un tipo de actividad careciendo de los requisitos esenciales para ello al no tener dónde depositar legalmente sus vertidos”. Asimismo, a juicio de la Defensoría, por esta razón y por el “peligro que supone para la integridad y la buena conservación del dominio público marítimo-terrestre, la actividad de Fertiberia no debería continuar y debería ser paralizada”.

Así, en la resolución emitida por la oficina del Defensor del Pueblo Estatal con fecha de 20 de octubre de 2010, a la que tuvo acceso Europa Press, la institución indica que la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía al otorgar esta AAI “infringió el ordenamiento jurídico, ya que otorgó en 2008 autorización a una actividad que ocupa el dominio público marítimo terrestre sabiendo que tenía caducada la concesión de ocupación del mismo desde 2003”.

Además, señala, la validez de la orden de caducidad “fue confirmada por sentencia de la Audiencia Nacional en junio de 2007, circunstancia que conocía perfectamente la Delegación Provincial”. En este sentido, el documento recoge que la AAI “obvió fijar las condiciones y medidas necesarias para una parte esencial de su emplazamiento: la ocupación del dominio público marítimo terrestre”, por tanto, apunta, “no integró todas las distintas autorizaciones exigidas por el ordenamiento jurídico para su funcionamiento”.

Ante esto, los ecologistas no han tardado en dar un paso al frente y pedir “el cese inmediato de los vertidos de Fertiberia”, empresa que, hace tan sólo unos días, disfrutaba de un horizonte algo más atrayente, toda vez que se había anunciado que podría seguir con su actividad al acordarse con la compañía estatal marroquí OCP la compra de ácido fosfórico, necesario para producir.

La Asociación Mesa de la Ría va más allá y ha anunciado, tras conocer el dictamen del Defensor, que “estamos pensando en retomar la denuncia contra la Delegación archivada en su día por el fiscal de Medio Ambiente por esta misma AAI”.


Sin noticias del nuevo Convenio Colectivo
La empresa Fertiberia, además de en lo medioambiental, también tiene un frente abierto y bastante activo por la parte sindical. Hasta en su sede madrileña se han producido protestas por parte de CCOO, UGT y CTI, con representación entre la plantilla, porque “en todo lo que va de año se ha negado a negociar el Convenio Colectivo, que afecta a unos 1.100 trabajadores distribuidos en cinco centros”, entre los que se encuentran los de Huelva y Palos de la Frontera.
Ante esto, las secciones industriales de los mencionados sindicato han anunciado una convocatoria de huelga para el conjunto de Fertiberia los próximos días 10, 11 y 12 de diciembre.

Asimismo, las direcciones sindicales, como han hecho saber en un comunicado, advierten de que “la firme voluntad de sindicatos y trabajadores” es, en vista de esta situación, “de continuar y elevar las movilizaciones hasta donde sea necesario, para defender el Convenio Colectivo y la actualización de los salarios”.