El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Andalucía, Manuel Fernández, va a iniciar actuaciones para conocer el alcance para el sector de la propuesta de la Abogada General de la UE al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para anular el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, tras mostrarse en un primer momento "sorprendido" por esta situación.

En declaraciones a Europa Press, Fernández ha recordado que el sector está faenando en el caladero nacional "con la esperanza" de contar con un nuevo acuerdo pesquero, pero al conocer esta noticia iba a ponerse a trabajar sobre este asunto. "Llamaremos al director general de Pesca de la Consejería, que nos diga dónde estamos y qué podemos hacer", ha señalado.

Así, ha insistido en que el medio centenar de barcos que faenan gracias a este acuerdo en el caladero marroquí están sufriendo "ya las repercusiones" de la falta de acuerdo. "La flota está trabajando en el caladero nacional, la mayoría con redes y los cerqueros al cerco, pero son barcos preparados para otros caladeros, con tripulaciones sobredimensionadas para el de aquí y, por lo tanto, no son rentables para el caladero nacional, pero no quedó otra cuando se rompió el acuerdo", ha explicado.

En este punto, ha apuntado que, ante la falta de acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos, "primero los barcos estuvieron unos meses parados, pero luego se fueron incorporando al caladero nacional".

La Abogada General de la UE ha propuesto este jueves al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se anule la decisión del Consejo por la que se celebra el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con el Reino de Marruecos.

La Abogada General Tamara Cápeta respalda la sentencia del Tribunal General --en primera instancia del TJUE-- que en 2021 anuló la decisión del Consejo por la que se aprobaba la celebración del acuerdo de asociación para la pesca sostenible entre la UE y Marruecos y su protocolo, aunque preservó sus efectos hasta que el TJUE se pronuncie sobre los recursos que el tanto el Consejo como la Comisión han interpuesto contra la sentencia del Tribunal General.

En sus conclusiones, la Abogada General propone al Tribunal de Justicia que desestime estos recursos de casación y confirme la sentencia del Tribunal General por la que se anula la decisión del Consejo.

La aplicación de este protocolo expiró el pasado 17 de julio, lo que supuso la suspensión de la actividad, algo que afecta especialmente a España, ya que 92 de las 138 licencias que faenan en la zona corresponden a su pabellón, en concreto, a la flotas andaluza, gallega y canaria.