El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido este jueves una carta al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la que le pide que la Conferencia de Presidentes aborde un compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se derivan de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración central.

En esta carta, de la que ha informado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa, García-Page solicita también que el Gobierno no adopte compromisos de gasto o mermas de ingresos que repercutan en las comunidades autónomas sin dotar la financiación correspondiente.

Asimismo, propone que este compromiso de Estado también se traslade a la normativa básica del sistema de financiación de las comunidades autónomas.

García-Page ha remitido también un borrador de acuerdo de la Conferencia de Presidentes que "podría servir para su posterior debate y aprobación", ha sugerido el presidente castellanomanchego en su misiva.

En dicho borrador de acuerdo, al que ha tenido acceso EFE, se destaca la importancia del principio de lealtad institucional, que si bien no está recogido expresamente en la Constitución, sí ha sido objeto de "reconocimiento directo" por parte del Tribunal Constitucional, que además lo configura como un principio jurídico de carácter nacional de obligado cumplimiento.

Por ello se recoge como propuesta que "toda modificación normativa (legal o reglamentaria) que realice la Administración General del Estado y que tenga efectos económicos y/o presupuestarios en las comunidades autónomas, tanto en sus gastos como en sus ingresos, deberá contar con el correspondiente estudio económico".

En dicho estudio económico, "se deberán identificar los mismos, valorarlos y establecer las correspondientes aportaciones económicas a las comunidades autónomas para garantizar la suficiencia financiera de los servicios públicos a que obliga el ordenamiento jurídico".

El consejero de Hacienda ha detallado las repercusiones que las decisiones que adopta el Estado -tanto en el compromiso de gasto como en las reducciones de ingresos- tienen en las finanzas de la comunidad autónoma y ha calculado que la región se enfrenta a una merma anual de 280 millones de euros, una cifra que ha calificado de "escandalosa" y "extravagante".

En concreto, en el apartado de ingresos, es decir, lo que no recauda por impuestos como por ejemplo la bajada del IVA en varios artículos como los alimentos o la luz, Castilla-La Mancha sufre una merma de ingresos de 190 millones de euros solo en 2023.

En cuanto a los gastos, el consejero de Hacienda castellanomanchego ha cifrado entre 90 y 91 millones las medidas adoptadas por el Gobierno central, pero que debe sufragar la comunidad.