La 'guerra' de nombres entre PSOE y PP en las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado, sobre la compra de material sanitario en la pandemia y el 'caso Koldo', puede llevar al Gobierno andaluz a comparecer en la Cámara Baja por petición socialista, que pone su objetivo en los principales cargos populares.
La citación de los socialistas, en lo que se refiere a Andalucía, se centra en quienes fueron los máximos dirigentes durante la pandemia en la gestión sanitaria: el presidente, Juanma Moreno; el entonces consejero de la Presidencia, Elías Bendodo; el que fue consejero de Salud, Jesús Aguirre (ahora presidente del Parlamento); la actual consejera del departamento, Catalina García; y el entonces viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
La lista de nombres se dio a conocer a nivel nacional minutos después de que en el Parlamento andaluz se rechazara la petición socialista para crear una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde la pandemia. El PSOE ya había advertido de que, en el Parlamento o en el Congreso, el Ejecutivo andaluz tendría que dar "explicaciones".
En el Gobierno andaluz lo han acogido como "un intento descarado e irresponsable" del PSOE de "embarrar" la política española y garantizan que acudirán "encantados" para demostrar que en Andalucía, desde que gobierna el PP, "se cumple la ley". Eso sí, recuerdan a Pedro Sánchez que "se les ha pasado citar a Ábalos" a la comisión.
El Ejecutivo autonómico defiende que siempre ha actuado "conforme a la legalidad" y que "a la menor sospecha" fueron "los primeros" en acudir a los tribunales, algo "inédito" hasta ese momento en Andalucía.
La denuncia de la Junta por un intento de comisiones
Esa posición del Gobierno andaluz se refiere a la denuncia que presentó ante la justicia por un intento fallido de cobro de 5 millones en comisiones en la venta de test por parte de un exasesor de la Consejería de Salud y un empresario (condenado en otro caso de corrupción), que fue archivada.
En ese caso tuvieron que comparecer ante el juez el empresario, su hermana y un trabajador, que fueron detenidos en su momento por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y puestos en libertad, y que se negaron a declarar.
Como testigos fueron citados Bendodo, Aguirre y Sanz. La investigación comenzó cuando un empresario advirtió a Bendodo de que había un asesor de la Junta pidiendo comisiones ilegales para cerrar el contrato de venta de material, un asunto que la Junta de Andalucía trasladó a la Fiscalía.
La Administración autonómica incoó actuaciones previas, pero ese proceso se suspendió en el momento en el que se llevó a la Fiscalía (11 de diciembre de 2020), mientras que el asesor fue cesado.
El juzgado de Instrucción abrió diligencias previas el 8 de junio de 2021 después de que en los meses anteriores se avanzara en la investigación de la Fiscalía con la colaboración de la Junta, y el 3 de diciembre la Consejería de Salud instó al gabinete jurídico a su personación como perjudicada, algo que aceptó el juez.
El rechazo del PP a una comisión en el Parlamento
Pocos minutos antes de conocer el listado del PSOE para la comisión del Congreso, el PP había hecho uso de su mayoría absoluta (con la abstención de Vox) para rechazar en el Parlamento de Andalucía la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las agencias públicas desde 2020, una iniciativa socialista que sí recibió el apoyo del resto de la izquierda, que son Por Andalucía y Adelante.
La comisión de investigación que pedía el PSOE, que ya contó con un escrito de oposición por parte del PP, pretendía investigar estas contrataciones para comprobar si han servido para reducir listas de espera, si se han ajustado al marco normativo vigente y si hubo una "adecuada gestión" de los recursos públicos o, por el contrario, "un uso presuntamente irregular de este tipo de contratación".
El PP esgrimió los mismos argumentos que tras la citación en la Cámara Baja, denunciando que el PSOE quiera "embarrar el terreno de juego" y situar a la opinión pública "a su favor" con esta petición, y defendió la "honestidad" del gobierno autonómico a la hora de actuar.
El PSOE considera que, "a sabiendas", el Gobierno andaluz ideó e implantó un sistema "totalmente ineficaz" para reducir las listas de espera, "opaco, arbitrario" y "carente de controles" para "desviar a la sanidad privada" fondos de la pública.
El resto de la izquierda también denunció prácticas irregulares en esos contratos. Vox, por su parte, se abstuvo para no apoyar al PSOE en lo que consideran un intento de "cortina de humo" por parte del "partido más corrupto" para tapar el caso Koldo.
El caso de Almería
Además, el PSOE pide que acudan al Congreso siete personas por el 'caso Mascarillas' de Almería, entre ellas el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, detenido por supuestas mordidas en la compra de material sanitario en pleno confinamiento.
Fuentes del PSOE de Almería han informado de que además han sido citados el presidente de la Diputación, Javier A. García (PP); el vicepresidente segundo, Fernando Giménez; el alcalde de Fines (Almería) y tío de Óscar Liria, Rodrigo Sánchez; el hermano de Liria; el empresario Kilian López, y la tía de este último.
Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se produjeron supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario en la Diputación, por las que fue detenido Óscar Liria. El año pasado se valoró en 945.297,61 euros la presunta mordida recibida por el empresario Kilian López.
