Letrados del Congreso vuelven a rechazar petición del Senado de anular la amnistía

Los letrados del Congreso han vuelto a rechazar, a través de un informe jurídico, la nueva petición del Senado para que el pleno de la Cámara Baja anule la tramitación de la ley de amnistía, que previsiblemente quedará definitivamente aprobada el próximo 30 de mayo.

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes, con la mayoría del PSOE y de Sumar, el escrito de reconsideración que la Mesa del Senado había remitido a finales de abril al Congreso para que volviera a estudiar la retirada de la ley de amnistía después de que rechazara el requerimiento que le hizo la Cámara Alta y que le instaba a que este caso fuera debatido en un pleno.

Fuentes parlamentarias han explicado que los letrados no ven nada jurídicamente reprobable en la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso y recuerdan que el PP siempre tiene la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional si así lo considera.

El secretario general del Congreso, Fernando Galindo, rechaza a través de un informe jurídico, que tenga que ser el pleno del Congreso el que deba resolver el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales que planteó el Senado.

De esta forma, los letrados vuelven a defender el procedimiento correcto de la ley de amnistía en el Congreso y reiteran el argumento de su primer informe en el que señalaban que el requerimiento era "improcedente" y suponía una "injerencia" de la Cámara Alta.

Ante la negativa de la Mesa del Congreso de anular la ley de amnistía, el Senado había aprobado un escrito de reconsideración.

En un documento de 20 páginas, la secretaria general del Senado, Sara Sieira, recordaba que la notificación del Senado dejaba claro, según su literalidad, que no se dirigía a la Mesa del Congreso, sino al Congreso de los Diputados y, en concreto, a su presidenta, "en cuanto que ejerce la representación del mismo".

Los letrados del Senado insistían en que el pleno del Congreso era el que deberían haber votado si había o no un conflicto de atribuciones entre ambas Cámaras.

Por otra parte, el plazo de treinta días desde la negativa del Congreso al requerimiento del Senado para poder acudir al Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales sigue corriendo y comenzó con la respuesta negativa de la Mesa el 16 de abril.