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Sábado 16/11/2024
 
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Andalucía

Arenas no descarta la financiación ilegal en el PSOE

El PSOE justifica las ayudas de empresas en crisis para municipios y Valderas se frustar al ver que todo se centra en quién es más chorizo

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  • Diego Valderas -
El cruce de acusaciones por las irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) se mantuvo en la jornada de este jueves entre los principales partidos políticos, aunque arreció ante las informaciones que apuntan a que se otorgaron ayudas de estos fondos a trece municipios.

Así, el presidente del PP-A, Javier Arenas, no descartó ayer que exista financiación ilegal del PSOE a través del “fondo de reptiles” de 685 millones de euros que manejaba la Consejería de Empleo para estos expedientes.

Antes de asistir con unos escolares a una visita al Parlamento andaluz, Arenas dijo a los periodistas que la posible financiación ilegal del PSOE “seguirá en el aire” y que “en absoluto debe descartarse” porque en una cinta grabada por empresarios con directivos de Mercasevilla “parecía” que se apuntaba a ese extremo.

Añadió que “algún sindicalista” ha declarado en esa línea, tras lo cual dijo que es “evidente que se confirma la trama, que siempre va en la misma dirección y que los actores tienen un nexo, que es un partido político y el poder actual que hay en Andalucía”.

Además, el dirigente del PP calificó de “absolutamente increíble” la información de “El País” en la que se afirma que Empleo dio ayudas del fondo para empresas en crisis a trece municipios. En este sentido, afirmó que la información publicada hasta ahora sobre los ERE y el “fondo de reptiles” es sólo el 15 ó el 20% de lo que “terminaremos sabiendo”.

“El problema del fondo de reptiles es que cada día que pasa se confirma más su existencia y que tenía muchas patas, que era multidireccional, no sólo la de los ERE. Habrá que ver en qué termina todo”, ha concluido Arenas.

Por ello, el PP irá ampliando la querella sobre el manejo de estos fondos en función de la información que se vaya conociendo, y recordó que aún no se conocen los informes de Intervención de Hacienda de los años 2005, 2006 y 2007 a la vez que preguntó “dónde está la Fiscalía Anticorrupción” para actuar en este caso.

Sobre esta nueva polémica, la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, justificó las ayudas recibidas por algunos ayuntamientos procedentes del fondo para empresas en crisis, al sostener que las cantidades estaban acogidas a la creación de trabajo y estaban sujetas a “procedimiento y control”.

Según dijo, los ayuntamientos son una parte importante en la creación de empleo y “ha habido procedimiento y control, y aquellas empresas y entidades que se hayan acogido al mismo habrán tenido respuestas en esas ayudas y estarán perfectamente justificadas”.

Sobre la vinculación de Arenas a una supuesta financiación ilegal del PSOE, Díaz replicó que su partido no va a entrar en la dinámica del “y tu más”, lo que sería una “falta de respeto” a los miles de trabajadores que perciben prejubilaciones.

“Cuando en el ERE de Cuerotex, en Pilas (Sevilla), aparece el tesorero y edil del PP yo no pienso bajo ningún concepto que eso sea financiación ilegal del PP, porque no voy a cuestionar las ayudas sociolaborales que ha ayudan a miles de trabajadores”.

Díaz acusó a Arenas de “cuestionar” el sistema de ayudas, de “criminalizar” a miles de prejubilaciones y de generar “alarma social manchando y embarrando” la vida política, en lugar de acudir a la justicia y colaborar con ella como “está haciendo” el Gobierno andaluz.

Respecto al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, para el que la Fiscalía ha pedido una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa por el caso Mercasevilla, Susana Díaz consideró que esta decisión “no supone una variación” judicial. Rivas continua como militante socialista y así seguirá hasta que el procedimiento judicial “comience a andar”, subrayó Díaz, quien destacó su actitud de “colaborar” con la justicia.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, insistió ayer en que el PP es quien tiene que explicar si hay o no irregularidades en el ERE de Minas de Riotinto porque es el que lo ha denunciado y porque está implicado en su aprobación.

Según Mar Moreno, que recordó que Juan Ignacio Zoido era delegado del Gobierno y Eduardo Zaplana ministro de Trabajo cuando se aprobó, “quien ha cuestionado el ERE y puesto sombras de sospecha sobre los coeficientes de los mineros ha sido el PP y, por tanto, son ellos los que han dicho que hay irregularidades y tendrán que explicar si las hay o no”.

Valderas ve “frustrante” que el debate se centre en ver quién es más “chorizo”

El coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, consideró ayer que es “frustrante” ver cómo el debate sobre los ERE irregulares está centrado en cuál de los dos partidos, “PP o PSOE, es más chorizo”.

En rueda de prensa en Córdoba, Valderas calificó esa disputa entre PSOE y PP de “vergonzosa” y además se está dando “a espaldas de los ciudadanos, del respeto a lo público, a espaldas de las instituciones y de la democracia”.

El coordinador regional de la coalición de izquierdas lamentó que “la oferta” que hacen el PP y el PSOE en materia de “falta de honradez, de corrupción y de choriceo sea la del ‘y tú más’”.

Por ello, hizo un llamamiento para que la ciudadanía sea rebelde y “ponga las cosas en su sitio”, lo que implica, a su juicio, “poner a estas dos fuerzas políticas en la oposición” a nivel local, regional y en el conjunto del Estado. “Es el gran reto y el gran desafío que se fija IU, que empieza a sentir que no tiene techo porque su flecha va hacia arriba porque está acertada en el discurso político”, aseguró.

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, criticó ayer que los partidos conviertan las posibles irregularidades en los ERE en un “arma arrojadiza” política, situación que “daña un sistema de prejubilaciones que es válido y la imagen de las personas acogidas a él”.

Pastrana señaló que los partidos “dan por hecho” que existen esas irregularidades y “empiezan a acusarse los unos a los otros antes de que se compruebe”, cuando lo que se debe hacer es “auditar todos y cada uno de los ERE” que se han hecho desde la “Administración laboral, la Junta y la Administración central”.

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