La variedad del mapa autonómico español se manifiesta, como en tantas otras cosas, en la forma en que cada región resuelve las necesidades de vivienda de su presidente, pues frente a las señoriales residencias presidenciales de algunas capitales hay otros lugares donde no existe nada en este sentido.

"Es a lo mejor lo que tendría que empezar a hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid: sufragar una vivienda oficial para el presidente", decía semanas atrás la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en plena polémica por la investigación fiscal a su pareja.

Lo cierto es que no sería algo inédito: ocho autonomías tienen algún tipo de vivienda para su presidente, y dos más contemplan ayudas para el alojamiento.

Las residencias oficiales

En Euskadi, el lehendakari tiene una residencia oficial en Vitoria (Ajuria Enea), pero en los últimos años Iñigo Urkullu no ha residido en ella, sino que ha regresado a su vivienda particular de Durango. Ha sido el primer lehendakari en tomar una decisión así. Está por ver qué hace el que con toda probabilidad será su sucesor, Imanol Pradales, también del PNV.

También dispone de residencia oficial con nombre propio la Generalitat de Cataluña, en su caso la Casa dels Canonges, un edificio en pleno barrio gótico de Barcelona, adyacente al Palau de la Generalitat.

Los 'presidents', sin embargo, suelen utilizar solo puntualmente esta residencia y acostumbran a mantener su domicilio habitual, como es el caso del actual jefe (en funciones) del Ejecutivo catalán, Pere Aragonès (ERC), que reside en su vivienda de siempre, en Pineda de Mar (Barcelona).

La Junta de Castilla y León, la región más extensa de España, cuenta con una vivienda en Valladolid para cubrir necesidades puntuales de alojamiento del presidente, actualmente Alfonso Fernández Mañueco (PP), que reside en su vivienda familiar de Salamanca.

Hasta 2019 esa residencia, utilizada por los presidentes autonómicos desde 1985, era una céntrica vivienda del paseo de Recoletos con casi 200 metros cuadrados y un precio de unos 3.100 euros mensuales. Mañueco promovió un cambio de inmueble al considerar excesivo ese importe, y la actual residencia cuesta cerca de 1.500 euros al mes.

El presidente de Galicia cuenta con una residencia oficial en Monte Pío (Santiago de Compostela), que se inauguró durante el último mandato de Manuel Fraga, pero el actual titular de la Xunta, Alfonso Rueda (PP), no vive allí habitualmente, sino que la compagina con su residencia familiar en Pontevedra.

En Extremadura los presidentes también cuentan con una residencia oficial en Mérida. Se trata de un amplio chalé con jardín y piscina ubicado en la avenida José Fernández López, a orillas del río Guadiana y a apenas diez minutos a pie de la sede del Gobierno autonómico. Su uso no ha sido constante, y de hecho en su día José Antonio Monago lo puso en venta, aunque no llegó a concretarse ninguna operación.

El Gobierno de Canarias tenía dos residencias oficiales, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, pero se emplean para otros usos y no como residencia de los presidentes. Por ende, el presidente, Fernando Clavijo (CC), vive en su residencia privada que está en La Laguna (Tenerife).

Otras dependencias

Hay algunas autonomías que, sin tener una residencia oficial como tal para sus presidentes, sí cuentan con alguna dependencia específica para tal uso. Es el caso de Asturias: en la sede de Presidencia del Principado, en Oviedo, hay un apartamento habilitado para el jefe del Ejecutivo.

Aunque Adrián Barbón (PSOE) vive en Laviana, concejo del que es natural, a unos 40 kilómetros de Oviedo, utiliza dicho apartamento de vez en cuando y también lo usó durante la pandemia.

Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha: su sede de Presidencia (el Palacio de Fuensalida) cuenta con un pequeño apartamento de dos habitaciones que no implica gastos, ni siquiera de personal, y que existe desde la época del presidente José Bono.

En todo caso, el presidente actual, Emiliano García-Page (PSOE), reside en su vivienda privada de Toledo, y no recibe ninguna ayuda para pagarla.

Ayudas a la vivienda

No hay residencia oficial en Andalucía, pese a tratarse de la segunda región más extensa del país, pero sí se estipulan ayudas a la vivienda a los diputados y altos cargos de fuera de Sevilla. Su presidente, Juanma Moreno (PP), vive en una vivienda de su propiedad en Alcalá de Guadaíra, una población cercana a Sevilla, por la que está pagando una hipoteca. Aunque es diputado por Málaga, renunció hace años a la ayuda que concede el Parlamento de Andalucía.

Asimismo, en la Comunitat Valenciana no hay una residencia oficial para el president de la Generalitat, pero sí hay una compensación económica, establecida en 1995, tanto para los miembros del Gobierno valenciano como para los altos cargos que tengan que cambiar su vivienda habitual como consecuencia del cargo, y que supone el 14 % de la retribución anual.

Es el caso del president de la Generalitat, Carlos Mazón, que residía en Alicante y ha tenido que trasladarse a València, donde está la sede del Gobierno valenciano. Su indemnización por residencia asciende a 10.951,08 euros (el 14 % de los 78.222,24 euros de su sueldo como president), según figura en el portal de transparencia de la Generalitat.

Ni casa ni ayuda

En Aragón, la ley del Presidente de Aragón establece que "el Gobierno dispondrá, para uso de la persona titular de la presidencia, de una residencia oficial, con el personal, servicios y dotación correspondientes". Pero dicha residencia no existe de momento y el presidente, Jorge Azcón (PP), vive en su domicilio particular y no recibe ayuda adicional para vivienda.

Caso similar es el de Murcia, donde el estatuto personal del presidente de la región dispone el derecho de "ocupar, en su caso, la residencia oficial que se establezca, con el personal, servicios y dotación correspondientes, dentro de criterios de austeridad que sean compatibles con la dignidad del cargo". A efectos prácticos ni hay residencia oficial, ni complemento salarial ni ayuda específica para vivienda.

En las demás autonomías uniprovinciales (Madrid, Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja) y en las ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) no existen ni residencias oficiales ni complementos específicos, por lo que cada presidente vive en su propio domicilio.