La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha denostado hoy en Menorca "la corrupción que afecta a todo el entorno familiar de Pedro Sánchez" y ha dicho que las elecciones europeas del domingo son una oportunidad porque "un gobierno, un presidente y un ministro de Justicia que atacan a los jueces no puedan seguir ni un minuto más al frente de España".

Gamarra, que ha hecho campaña en Mahón junto a la eurodiputada balear Rosa Estarás, ha dicho estar "preocupada" por las declaraciones del ministro Jesús Bolaños, que en un mitin ayer en Jaén censuró la campaña "ultraderechista y de fango" del PP por cuestionar la legalidad de las actuaciones seguidas por la mujer del presidente, Begoña Gómez.

"En España, todos somos iguales ante la ley, también Pedro Sánchez y su esposa y, si cometen conductas que merecen ser investigadas, el Gobierno debe respetarlo y defenderlo", ha dicho.

La número dos del PP ha insistido en que "los Sánchez no están por encima de la ley, pues ni la mujer del presidente debe tener estas conductas ni su marido permitirlas", y ha remarcado que "esto no es una persecución", sino una investigación basada en el parecer de la Fiscalía, la Audiencia Provincial y "las informaciones veraces de los medios de comunicación libres" sobre el presunto delito de tráfico de influencias que han llevado al juez a pedir la comparecencia de Begoña Gómez.

Durante su intervención ante los medios, Cuca Gamarra también ha entonado un "basta ya" contra la ocupación ilegal de viviendas, que cada vez afecta más a islas como Menorca.

"Estamos hartos de que a Pedro Sánchez le preocupe más su supervivencia al frente del Gobierno que atender los problemas reales de los menorquines", ha dicho, y ha lamentado que el Gobierno no haga "absolutamente nada" por evitar la ocupación ilegal de casas y chalés. "Porque no tenemos un Gobierno, sino alguien que sobrevive en la Moncloa y que la ha convertido en una sede social de la corrupción", ha asegurado.

"Al okupa no se le protege, se le desaloja", ha arengado la secretaria general del PP, quien ha anunciado su intención de impulsar un registro europeo de okupas "para que se les pueda desalojar en 48 horas" y de dotar a los ayuntamientos de instrumentos para proteger a los propietarios y eximirles de pagar impuestos y asesorarles mientras no logren recuperar sus casas.