Más de 150.000 ascensores se verán afectados por la nueva normativa estatal en Andalucía

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Cafincas) ha avisado de las "múltiples derramas" que tendrán que afrontar los propietarios para adaptar más de 150.000 ascensores al nuevo decreto de medidas de seguridad que ha entrado en vigor este lunes.

En un comunicado, Cafincas ha recordado que hoy ha entrado en vigor el nuevo decreto estatal de medidas de seguridad para los ascensores aprobado por el Ministerio de Industria, que conllevará la adecuación de buena parte de los elevadores que estén ya instalados en Andalucía y en el resto de comunidades autónomas.

La normativa prevé un plazo de adaptación y, en cualquier caso, solo serán obligatorias las mejoras una vez que se haya realizado la siguiente inspección periódica que debe determinar cuáles son las actuaciones necesarias, su alcance y su coste.

Además, ha advertido de que las comunidades de propietarios deberán "afrontar múltiples derramas para adaptar sus ascensores", por lo que ha anunciado que analizará con las administraciones publicas posibles líneas de ayuda de ámbito autonómico o local para hacer frente a estos desembolsos.

En Andalucía existe un parque de más de 150.000 ascensores repartidos por las provincias andaluzas, una cifra que ha aumentado a un ritmo superior a los 4.000 elevadores anuales desde el año 2019.

Todos ellos, al estar instalados antes de la aprobación en abril de 2024 del nuevo decreto del Ministerio de Industria y Turismo, deben adaptarse a las nuevas medidas de seguridad para la protección de las personas.

Concretamente, el decreto estatal fija una serie de nuevos requisitos en cuanto a la nivelación, la comunicación bidireccional, la sustitución de guías o la protección contra movimientos incontrolados en las cabinas.

En la próxima revisión periódica del ascensor (que se realizan de forma obligatoria cada cuatro años) de cualquier comunidad de propietarios se deberá realizar un análisis del cumplimiento de las medidas y a partir de ahí iniciar la adecuación de forma obligatoria.

Los plazos para el cumplimiento de la norma dependen de la antigüedad de la instalación, y en los ascensores anteriores a 1952, se deben realizar en la primera inspección periódica y, en cualquier caso, antes de tres años si tienen guías de madera o cilíndricas huecas y de seis para el resto.

El coste de las actuaciones depende del resultado de las inspecciones y de las necesidades del ascensor para adaptarse a la nueva normativa, de forma que puede suponer desde cantidades mínimas hasta una importante actuación que puede llegar a los 65.000 euros y conllevar por tanto derramas en la comunidad, y, de momento, no están fijadas ayudas autonómicas que permitan sufragar estos gastos.