La Audiencia Provincial de Cádiz juzga el jueves a cinco personas acusadas de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, ya que, supuestamente, aportaron un certificado falso de antigüedad de una obra construida sin licencia en suelo no urbanizable de la ciudad para conseguir su inscripción en el reggistro de la propiedad y proceder a su compraventa posterior.

Según el escrito de calificación fiscal los hechos tuvieron lugar entre 2005 y 2006, cuando dos de los acusados, en calidad de propietarios y promotores, comenzaron, sin disponer de la correspondiente licencia urbanística por tratarse de suelo no urbanizable, la ejecución de las obras para la construcción de una vivienda de una sola planta y 120 metros cuadrados en cierta finca rústica, presentando la declaración de obra nueva ante el notario de 2 de mayo de 2006.

El escrito abunda en que para conseguir la inscripción de tal obra, ambos acusados aportaron, a sabiendas de su falsedad, un certificado elaborado por un arquitecto, también acusado, con el que se habrían concertado para que indicase una serie de extremos “del todo inciertos” en su certificado de 17 de abril de 2006.
Tales cuestiones implicaban, según la Fiscalía, establecer una antigüedad de cinco años y que se trataba de una construcción de 120 metros cuadrados perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios. Sin embargo, en la ortofoto correspondiente a 2005 sólo se apreciaba “una pequeña edificación” levantada en la mencionada finca, correspondiente a “un trastero”.

Además, el 2 de mayo de 2006 y en la notaría anteriormente indicada se emitió escritura de venta de la citada finca a un matrimonio que también se sienta en el banquillo porque después de efectuar la compra “a sabiendas de la ilegalidad”, continuaron ejecutando las obras para la construcción de la vivienda en calidad de promotores.