Todos los grupos parlamentarios han celebrado este martes en el Congreso la unanimidad en el dictamen sobre la ley ELA que pasa su último trámite antes de la aprobación en el Pleno el próximo jueves, si bien el PP ha avisado de que vigilará que se la dote presupuestariamente: 250 millones al año.

En el debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, la diputada socialista Inés Plaza ha precisado que es la primera vez que tres proposiciones de ley de tres partidos diferentes (PSOE, PP y Junts) "se funden en una para tener un texto único, llegando a este consenso tan grande", junto a la asociación ConELA y la Fundación Luzón.

También la diputada socialista ha subrayado que se trata de la ley "más importante de la legislatura por su carácter social" que no solo dignifica la vida de las personas con ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) "también incluye, a iniciativa del PSOE, a pacientes con otras enfermedades neurológicas o no neurológicas irreversibles y de alta complejidad".

Por su parte, la diputada del PP Elvira Velasco ha advertido de que su partido vigilará que el Gobierno "lleve por buen camino la partida presupuestaria. Es importante contar con la ley, pero no es menos importante que esté bien dotada".

La diputada del PP ha dicho hacer suyas las palabras de algunos pacientes: "Estamos felices de tener una ley ELA, pero estaremos mucho más cuando exista una dotación presupuestaria que avale su cumplimiento".

Una vez aprobada la norma serán las comunidades autónomas las que, en ejercicio de sus competencias, desarrollen los aspectos sociales y sanitarios para su correcta aplicación.

En concreto la ley ELA permitirá la supervisión y atención continuada y especializada 24 horas para las personas con ELA en estadios avanzados, y pacientes con procesos irreversibles y de elevada complejidad.

Además agiliza el reconocimiento de la discapacidad y dependencia y establece un procedimiento de urgencia para la revisión de casos, con un plazo máximo de tres meses.

Otros asuntos que aborda son la protección al cuidador, que mantiene la base de cotización de su anterior trabajo, de forma que no afecte a su pensión futura, y ayudas económicas para personas electrodependientes.

También crea un Registro Estatal de Enfermedades Neurodegenerativas, con datos sobre su prevalencia e incluye una estructura para la investigación en el Instituto de Salud Carlos III dedicada específicamente a estas enfermedades.