Dicen que todo lo ocurrido la pasada semana en Valencia va a marcar un antes y un después. Debe hacerlo en el ámbito de las responsabilidades políticas, aunque no sea ése el sentido en el que ha sido expresado, sino en el de la prevención ante unos fenómenos atmosféricos que pueden hacerse más frecuentes e incluso más devastadores. Tenemos la ventaja al respecto de que no se trata de una cuestión de ideologías, sino de eficacia en la prestación de servicios públicos.   

Lo demostró Rodríguez Zapatero cuando amplió las funciones del ejército con la creación de la Unidad Militar de Emergencias, que tan extraordinaria labor está desarrollando en cada uno de los siniestros en los que viene participando desde entonces, y lo viene demostrando Antonio Sanz desde el Gobierno andaluz en la gestión de las emergencias con un más que notable papel de coordinación, rodeado siempre de los mejores, a la hora de hacer frente a todo tipo de catástrofes, ya sean a causa del fuego o de la lluvia, y en las que la prevención juega un papel fundamental.

Insisto, no es cuestión de ideologías, sino de eficacia, algo en lo que Carlos Mazón y su equipo vienen quedando en estrepitosa evidencia a medida que pasan los días y se van conociendo más detalles sobre la gestión de una crisis en la que han quedado retratados como auténticos ineptos, a un lado la propia (ir)responsabilidad del Gobierno central en su coparticipación inicial en dicha gestión.  

A tenor de lo sucedido y ante la progresiva deserción que se viene produciendo en el bando de los negacionistas del cambio climático, Andalucía ya ha hecho muy bien en impulsar un nuevo mapa de zonas inundables al que van a tener acceso los vecinos y los ayuntamientos, con instrucciones concretas para que no se permita ampliar las construcciones en las mismas y para que quienes residan en ellas sean conscientes del peligro al que se enfrentan y, especialmente, para que actúen en consecuencia cuando se activen las correspondientes alarmas. Además, el Plan Integral de Gestión de Emergencias de Andalucía modernizará la gestión de los siniestros mediante el empleo de la Inteligencia Artificial para mejorar todos los procesos y los sistemas de avisos a la población. 

Llámenlo acción-reacción si quieren, pero a partir de esa línea que pretende marcar “un antes y un después” y que, también, debería hacerlo en el ámbito del ejercicio político. No ya por el hecho de la esperada ejemplaridad de las dimisiones o destituciones que tienen que producirse más pronto que tarde, sino por la propia fractura que los dirigentes políticos de este país han ido causando en favor de la desafección ciudadana hacia la política misma. 

El ejemplo más relevante lo tienen en la visita del pasado domingo de los reyes, el presidente del Gobierno y el presidente valenciano a Paiporta. Esas imágenes marcarán también un antes y un después, y exigen a gritos una reflexión entre quienes han llevado al país hasta el extremo de que se pierda el respeto por las instituciones que representan a los españoles, con la salvedad en este caso de la Corona, que sí perdió el tratamiento, con Felipe VI tuteado, pero no el valor de su papel y el de su defensa de la democracia.

Y esa responsabilidad no ha de ceñirse sólo a quienes vemos en los telediarios nacionales, sino que compete a todos los que ocupan las inferiores cadenas de mando en las estructuras de los diferentes partidos, los que reproducen esos mismos esquemas polarizantes en el ámbito regional y local por mera táctica electoral, los que piden aprender de los errores y establecer un antes y un después, para renglón seguido convertir el reparto de ayudas para los damnificados en una batalla retórica sin sentido, porque a poco que tiremos un poco del hilo todos quedan igualmente retratados, o lo que es lo mismo, en ridículo. Para eso todavía no hay un antes y un después; peor, para eso, por desgracia, aún sirve la política.