La Junta Electoral Central enfada a los minoritarios

Los partidos Unión Rural Jerezana (URJ), Iniciativa Progresista Jerezana (IPJ), PSA-PA y Barqueños Unidos van a solicitar, junto con la Federación Andaluza de Entidades Locales Autónomas, que el Parlamento de Andalucía estudie la reforma de la Ley 5/2010 de 11 de junio de la Autonomía Local de Andalucía, en la que se regula la asignación de los vocales de las juntas vecinales.
Manuel Becerra, de URJ, ejerció ayer de portavoz para “mostrar nuestro desacuerdo con la resolución adoptada por la Junta Electoral Central (JEC), revocando la adoptada por la Junta Electoral de Zona (JEZ) sobre el reparto de vocales en las juntas vecinales de las ELAs (Entidades Locales Autónomas)”. Una corrección que llegó después de que tanto PSOE, primero, y PP, después, recurriesen el reparto inicial.
Becerra indica que “entendemos que los criterios empleados por la Junta Electoral Central son injustos e insolidarios, dándole al articulado de la ley una interpretación totalmente viciada e interesada, a favor de los grandes partidos”.
Asimismo, dichas formaciones políticas, con las que Unión Progreso y Democracia (UPyD) también comparte discurso, consideran que “con esta decisión se vulnera el resultado de las elecciones y se falta al respeto a los ciudadanos de las entidades locales”.
De esta manera, defienden que “los vocales deben asignarse en función del número de votos obtenidos por cada formación política en la candidatura pedánea (papeleta verde)” y no de acuerdo al número de papeletas blancas, con las que se vota al Ayuntamiento matriz (como se venía haciendo hasta la reforma de la ley en 2010). Según apunta el coordinador general de IPJ, Antonio Conde, “hay gente que ha votado sólo porque quería elegir al candidato de la ELA”. Además, apunta que “es incomprensible que cada vez se les dé más competencias y a la hora de designar los vocales se siga supeditando todo a las papeletas blancas”.
Los partidos minoritarios acusan al PSOE y al PP de haber “mostrado una actitud interesada, lamentable e insolidaria, consiguiendo en los despachos lo que no han sido capaces de ganar en las urnas, conculcando la voluntad expresada el pasado 22 de mayo por los ciudadanos de las pedanías”.
El representante del PSA-PA, José María Bernabé, habló de “fraude electoral”. Como ejemplos, expone que en San Isidro del Guadalete el Partido Popular obtendrá una vocalía a pesar de haber sacada más de cien votos menos que el candidato pedáneo de UPyD. Y algo similar ha ocurrido en Nueva Jarilla. En Estella, por ejemplo, el alcalde (PSA-PA) gobernará en minoría, con “un Ayuntamiento totalmente equilibrado en votos”.
Manuel Becerra reconoce que es “muy difícil”, por no decir imposible, que la Junta Electoral Central reconsidere su postura, porque de hecho “ha negado la posibilidad de plantear recurso de entrada”. Sin embargo, asegura que lucharán por “intentar que la ley se revise y clarifique a la hora de poder interpretarla, porque el articulado es ambiguo”.
El portavoz de UPyD, Martín de la Herrán, apunta que se trata de un criterio que “genera situaciones paradójicas. Por ejemplo, un partido que no se haya presentado para gobernar una pedanía puede obtener un vocal en la Junta vecinal para gobernar dicha pedanía”.