La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha recriminado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "no se está atreviendo a frenar los precios del alquiler" y le insta "ya de una vez" a aplicar las medidas que pide "la calle".
En una entrevista con Europa Press, ha subrayado que el acuerdo de gobierno con el PSOE apostaba de manera de decidida por mejorar el acceso a la vivienda, pero pasado el tiempo desde que comenzó la legislatura ven que las soluciones "no acaban de llegar" o "no son lo suficientemente valientes".
"Ya no es que no le lleguen a la calle, es que no llegan ni al Boletín Oficial del Estado (BOE)", ha lamentado Martínez Barbero, quien ha explicado que no es que estén "más distanciados" con su socio por la gestión en vivienda, sino que han "podido constatar" que el Gobierno "no se está haciendo cargo" de un tema "crucial" para la ciudadanía.
HAY QUE ESCUCHAR A LA CALLE
"La ministra de Vivienda, repito, tiene que volver a escuchar a la calle y saber lo que nos está pidiendo la ciudadanía, que es ser valientes y contundentes para frenar la especulación de precios (...) Tenemos que atrevernos ya", ha demandado la portavoz de Sumar.
A su vez, ha reivindicado que Sumar sí está poniendo sobre la mesa propuestas, como la proposición de ley junto a otros grupos parlamentarios para limitar el alquiler de temporada (que ya está en el Congreso para su tramitación) o condicionar la recepción de fondos estatales para que las autonomías del PP cumplan con la Ley de Vivienda, puesto que tiene instrumentos para poder controlar el mercado del alquiler.
De hecho y en su batería de iniciativas planteadas de cara a los futuros Presupuestos Generales del Estado, Sumar quiere que se instaure un contrato indefinido de alquiler o destinar el 1% del PIB anual al despliegue de vivienda pública asequible, con un fondo dotado de 40.000 viviendas. Incluso propone que se construyan 500.000 viviendas públicas con un alquiler de al menos 400 euros mensuales.
CONTRASTE EVIDENTE EN CÓMO ACTÚA BUSTINDUY Y LA MINISTRA DE VIVIENDA
Por ejemplo, ha señalado que existe un "contraste muy evidente" en la actitud de la titular de Vivienda y lo que hace el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), que está decidido a "plantar cara" a las plataformas de alquiler de pisos turísticos.
De esta forma, hacía referencia a la decisión de la Dirección General de Consumo, dependiente de la cartera de Bustinduy, de abrir un expediente sancionador a una plataforma por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitaban sin licencia.
Y es que Martínez Barbero ha subrayado que es una obligación "frenar la especulación" que se están produciendo en zonas tensionadas del mercado para poder frenar la subida de precios, factor que al final hace que se "expulse" a la gente de sus barrios. De hecho, ha advertido de que los precios han subido un 78% en la última década.
LA EMPRESA PÚBLICA "SE QUEDA CORTA" SI NO VA CON OTRAS ACTUACIONES
Cuestionada sobre su posición sobre la empresa pública de vivienda, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último congreso del PSOE, ha opinado que más allá de esta sociedad tiene que venir combinada con otras. Pues en caso contrario, "se queda corta" y es insuficiente.
Así, ha explicado que la base de la política del Ejecutivo debe ser la apuesta decidida por la vivienda pública "duradera". Para Martínez Barbero, la clave precisamente es que la titularidad pública del parque público de vivienda sea permanente, que en ningún caso puede salir luego al mercado privado para su especulación.
"Esto es lo que no puede suceder. ¿Agencia pública de vivienda? Muy bien, pero dentro de unas claves, de unas claves realistas para conseguir lo que queremos, que es frenar de una vez la subida constante de precios", ha sentenciado.
Finalmente y cuestionada sobre si dicha empresa también tiene que ser una inmobiliaria pública, de cara a construir y gestionar pisos sin operadores privados, la portavoz parlamentaria ha opinado que "por supuesto". "La vivienda pública que permanezca pública", ha remachado.
El pasado 12 de diciembre el Congreso instó al Gobierno mediante una proposición no de ley, consensuada entre Sumar y Podemos, a que la empresa pública de vivienda aproveche los inmuebles que tiene a su disposición la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para destinarlos a vivienda social y asequible.
