Las defensas de los acusados en el macro juicio iniciado en la Audiencia de Sevilla por el supuesto amaño en la adjudicación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), que explotará el Grupo Mexico Minorbis, han pedido la nulidad del mismo por "vulneración de los derechos fundamentales y extralimitación de las competencias" de la Sección Séptima de dicha instancia provincial, en sus resoluciones sobre la instrucción emitidas por un tribunal participado por la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de los ERE.
Así lo han planteado en esta primera sesión, en la que se abordan las cuestiones previas, que se celebra este lunes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, diez años después de la denuncia que presentó Emerita España, que perdió el concurso. Un proceso en el que la Fiscalía ha pedido hasta en dos ocasiones el sobreseimiento del mismo y la absolución para las 16 personas que sentadas en el banquillo de los acusados.
En esta primera jornada del macro juicio se han planteado las cuestiones previas de las partes, que son Emerita, Ecologistas en Acción y Andalucía Mining como acusaciones particulares y las defensas de los acusados, en una sesión que tendrá continuidad mañana martes.
Los distintos letrados de las defensas han planteado entre esas cuestiones previas "la vulneración de derechos fundamentale; en concreto, los que aluden a la libertad, defensa e intimidad". De este modo, los abogados han esgrimido que "en el momento de la detención de los acusados, lo correcto hubiera sido citarles en calidad de investigados y no detenidos, con lo que la detención fue desproporcionada y, por tanto, reprochable". "El fin de la Policía fue el puro amedrantamiento de unos funcionarios honrados".
Los letrados también han señalado que hubo un "proceso lesivo al derecho a la intimidad de los representados porque no estaban imputados en ese momento, sino que lo estuvieron dos años después". En este sentido, han vuelto a pedir la nulidad del informe pericial y del informe de la UCO con fecha de octubre de 2017.
Asimismo, los letrados han asegurado que quienes ejercen la acusación particular "carecen de legitimación" para ello, si bien "podrían ser acusación popular", toda vez que la causa decaería sin acusación particular al no acusar tampoco la Fiscalía. Además, "se acusa por malversación por gestión desleal, pero no se concretan los delitos que estarían incluidos en esa malversación, sin olvidar que el delito por este tipo de malversación ha sido destipificado".
SÓLO LA JUNTA PODRÍA EJERCER LA ACUSACIÓN PARTICULAR
"Si hay un perjudicado concreto, esa es la Administración Pública, de modo que la Junta de Andalucía es la única que podría intervenir como acusación particular, de forma solitaria o junto al Ministerio Fiscal", ha señalado Encarnación Molino, una de las abogadas que ejerce la defensa en este juicio.
Por último, los letrados de las defensas han señalado que hubo "extralimitación o exceso competencial" de la Sección Séptima de la Audiencia, en un tribunal participado por la juez Alaya y que revocó las dos órdenes de archivo de la magistrada instructora; "puesto que en el primer auto de sobreseimiento del Juzgado de Instrucción número 3 en 2015 decía "que el procedimiento ha sido el correcto. No se ha acreditado que las actuaciones fueran tendentes a beneficiar a Minorbis". Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia, según las defensas, "desmenuza las cuestiones administrativas planteadas y revoca el sobreseimiento, ordenando retomar la instrucción y, motu proprio, que se practiquen nuevas pruebas".
"Emerita dijo que los hermanos López Magdaleno fueran citados como testigos, cuestión que había sido denegada previamente por la instructora y no fue recurrida por las acusaciones, por lo que la decisión del juzgado era firme", han destacado los letrados de la defensa, al tiempo que han añadido, respecto al segundo auto de sobreseimiento, también rvocado por la Sección Séptima; que "no existe indicios ciertos sobre delitos denunciados, más allá de genéricas referencias de meras irregularidades".
ORIGEN DEL MACRO JUICIO
En lo que al citado concurso se refiere, los derechos de explotación fueron adjudicados a Mexico Minorbis por decisión de la mesa de contratación de la Junta de Andalucía.
Tras ser resuelto el concurso, Emerita-Forbes Manhattan, que pujó sin éxito, presentó en los juzgados una denuncia en la que acusaba al Gobierno andaluz de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, y donde alegaba, entre otros aspectos, que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis, adjudicataria final de los derechos de explotación.
El 31 de marzo están citados para declarar los primeros tres acusados, si bien tres de los inculpados, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández, entonces secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio y Juan José García Bartolomé como exggerente de la sociedad de capital de riesgo Invercaria, han optado por declarar tras las pruebas testificales y periciales, y acudirán el día 25 de junio. Además, entre los 16 encartados, se encuentran funcionarios y los técnicos que intervinieron en el concurso público que convocó la Junta.
Entre los testigos citados figuran el ex consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo José Sánchez Maldonado (PSOE; la ex delegada territorial de Economía, la socialista Aurora Cosano, o el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez.
SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO
La jueza instructora de la denuncia de Emerita-Forbes Manhattan, la magistrada Patricia Fernández Franco, acordó en dos ocasiones el sobreseimiento de la investigación al no apreciar delito, si bien tras los recursos de apelación por parte de las acusaciones particulares, en ambos casos la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos; ordenó la reapertura de las diligencias siguiendo de ese modo la tesis de las acusaciones.
