El consejero de Empleo, Manuel Recio, anunció ayer que la Inspección de Trabajo de Cádiz ha levantado un acta de infracción en materia laboral contra los propietarios de Visteon, en la que se propone imponer a Cádiz Electrónica, filial de la empresa internacional, una sanción por infracción califica de “muy grave” tras el anuncio de cierre “sorpresivo” de la planta ubicada en el Tecnoparque, según desarrolla Europa Press, en el mes de julio.

Según explica el consejero en su comparecencia en comisión parlamentaria, esta infracción, levantada el pasado 22 de julio, viene derivada tras haberse constatado que “la compañía no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla de la planta de El Puerto”, por lo que así no se puede decir que haya agotado las vías de actuación.

Además, según explica Recio, dicha infracción se motiva por el hecho de que “no se haya recuperado la actividad
productiva ordinaria que allí se realizaba con anterioridad al 23 de junio”, un apunte que también destacaba el CSIF el pasado viernes en el transcurso de la movilización protagonizada por la plantilla desde la sede de la empresa hasta la plaza del Ayuntamiento y que por tanto ha sido elevado a los estamentos indicados. Continúa indicando el consejero que se justificaba “ante la falta de entrada de componentes necesarios para la fabricación de productos y centralizarse en la planta de Palmela, en Portugal, todas las operaciones relacionadas con proveedores y clientes”.

Proveedora

Ello provocaba que la planta de Portugal quedaba como “única proveedora de la planta de Cádiz, por lo que se produjo realmente un cese de actividad temporal en Cádiz, prácticamente total, cercano al 80%, facilitándose ocupaicón efectiva sólo para un 20% de la plantilla”.

Recio critica que se produjera el cese de actividad de la empresa “sin haberse obtenido autorización alguna de la autoridad laboral” y advierte que la Junta de Andalucía “rescatarían todas aquelas ayudas en las que no se haya cumplido la finalidad para las quese concedieron, siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”, puesto que así se entiende mediante la normativa.

El consejero, quien recuerda que este cierre se produjo “de manera sorpresiva”, refirió todo el proceso seguido ante los problemas registrados en esta empresa que produce componentes electrónicos, que provocaría la extinción de “todos los puestos de trabajo”.

Análisis

Indica que la empresa justificó entonces su “inviabilidad” por la “grave situación empresarial que decía atravesar”, tras lo que explica que la empresa informó al comité de empresa de que había realizado un “exhaustivo análisis de los factores estratégicos del negocio en Cádiz”. Agrega que las conclusiones de ese análisis fueron que la planta “se encontraba en una situación de serio declive con importantes pérdidas operativas acumuladas” y se argumentaba en la pérdida de pedidos de clientes y se aludía a una “falta de competitividad” para justificar el cierre como única salida.

Ante este anuncio, el consejero asegura que “la autoridad laboral no ha cesado en la vigilancia ni un sólo minuto en este asunto” y considera que la dirección de la empresa “no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla y había reducido la actividad ordinaria”.

Recio explica que la autoridad laboral y la Inspección de Trabajo de Cádiz han actuado sin demora ante la posible situación de cese de actividad de la empresa, viéndose ahora los resultados de dicho trabajo.

Así mismo refiere que la Inspección realizó una visita a la empresa el 24 de junio, un día después del anuncio del cierre, y ese mismo día se efectuó un requerimiento a la empresa para que adoptase las medidas necesarias “con carácter inmediato” para facilitar la ocupación efectiva, advirtiendo de que promoverían las actuaciones necesarias.

Desde entonces se han llevado a cabo varias visitas (a una de ellas acudieron los directivos europeos de Visteon junto al delegado provincial de Empleo, Juan Bouza) a la empresa y mantenido reuniones con representantes de la planta y sindicales, además de demandar documentación. Apunta que el 4 de julio la empresa comunicó al comité de empresa que “el restablecimiento de los sistemas informáticos de la planta permitía reiniciar la actividad de oficinas y las líneas de producción y requería a los empleados que se incorporaran a sus puestos”, por lo que el asunto se normalizaba, en principio.

Por ello indica que la Inspección de Trabajo levantó el 22 de julio un acta de infracción en la que se proponía una sanción por infracción “muy grave”. El consejero indica que la representación de la empresa formuló alegaciones el 22 de agosto (justo un mes después de esta medida) en relación al acta de dicha infracción, y este procedimiento está pendiente de resolución, recordando que el 5 de septiembre se formuló el inicio del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), que está en proceso de negociación entre empresa y trabajadores, aunque estos últimos rechazan esta alternativa.

Recalca además que “no ha existido ni inactividad ni dejadez de la Junta. Este gobierno ha estado vigilante y al frente de la defensa de los trabajadores de esta empresa; vamos a estar al pie del cañón”, asevera Recio, quien reitera que “la Junta de Andalucía ha estado desde el primer momento al lado de los trabajadores y garantizado el cumplimiento de la legislación vigente, para la salvaguarda de los intereses de los que más lo necesitan”.

Reacciones

La diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero destaca el “perfecto procedimiento administrativo” seguido por la Junta, demandando “mayor implicación de los consejeros” para evitar el cierre, lamentando que haya falsas promesas para los trabajadores, recordando el incremento del número de parados en estos años, admitiendo que hay que gestionar con capacidad de futuro. “Hay 396 puestos de trabajo en juego, que son personal cualificado y especializado en alta tecnología, con trabajadores que se preocupan en ser punteros”, recuerda la diputada popular, quien pide saber cuántas subvenciones ha recibido Visteon de parte de la administración autonómica.

Ignacio García, parlamentario por IU, valora el hecho de que se haya abierto expediente a Visteon, aunque indica que “eso hay que hacerlo”, pero se pregunta “qué hace la Junta para evitar estas situaciones”, toda vez que, a su juicio “asistimos perplejos a una deslocalización masiva de multinacionales en Andalucía”. Entiende que hay que hacer más ante “la sistemática deslocalización” de las empresas, ante lo que critica “el marco jurídico”. IU plantea que se establezcan ayudas a estas empresas “que tengan retorno garantizado a largo plazo”, así como que exista “una mínima capacidad de predecir estos acontecimientos y una normativa que evite esas deslocalizaciones. Hay que evitar que a Visteon le salga su marcha tan barato como a Delphi y hay que evitar más paro en la Bahía de Cádiz”, indica. Cabe reseñar que el parlamentario acudió el viernes a la movilización citada que acabó en el Ayuntamiento.

Apoyo de fomento

El concejal de Fomento, Jesús González, ha mantenido un encuentro con representantes de CCOO, enmarcándose dentro de la ronda de entrevistas que está teniendo con los diferentes agentes sociales.
Acudieron José Rodríguez, Antonio Chacón y José Luis Rodríguez.

Los conflictos laborales que afectan a la ciudad tuvieron un papel protagonista. Es por ello que González traslada su solidaridad, a través de estos interlocutores, a los trabajadores de Visteon “ante la complicada situación que están atravesando”. De igual modo, encima de la mesa se puso la problemática que afecta a los trabajadores de Piorsa, destacando el edil que se está estudiando bonificar a las pymes para favorecer la creación de nuevos empleos.