El debate sobre la llegada de una empresa privada para asumir la gestión del ciclo integral del agua de Jerez cuenta, desde la pasada semana, con un invitado de excepción, la empresa Acciona, a través de su división Acciona Agua. El encargado de poner su nombre en el disparadero fue el portavoz del Gobierno municipal, Antonio Saldaña, cuando le espetó en pleno al Grupo Municipal Socialista que tenían constancia de que, cuando en el anterior mandato estaban al frente del Ayuntamiento, le habían planteado la posibilidad de asumir ese mismo servicio. “Lo ofrecieron hasta tal punto que Acciona hizo la UTE Infraestructuras con Aguas “y ahora se ha visto abocada a echar a trabajadores”. Fue más allá, puesto que se refirió a la existencia de un informe técnico “diciendo que era una baja temeraria, y ustedes llamaron al técnico para decirles que lo cambiaran porque había que adjudicárselo a otra empresa”, reveló.“Si quieren, pueden añadirlo a la querella que van a presentar en mi contra”, apostilló Saldaña.

El argumento sirvió al portavoz popular en el Consistorio para intentar desmontar los del propio PSOE a la hora de rechazar la iniciativa del nuevo Gobierno en torno al funcionamiento de Ajemsa. Sin embargo, ese argumento ha ido más allá y ha situado a la propia empresa, a Acciona Agua, en mitad de la tormenta; más aún si, como afirman fuentes municipales, es, en estos momentos, a la espera de la presentación de ofertas oficiales, la empresa mejor posicionada para acceder a la concesión del servicio, por bagaje y capacidad.Si lo es, los colectivos sociales y políticos en contra de la medida del Gobierno local ya saben, además, que tienen por donde atacar, ya que a la polémica suscitada por la concesión del agua en el municipio alicantino de Redován -el denominado “caso del cambiazo”- en la que se ha visto implicada la firma, se han sumado los cambios en su dirección, con especial mención a Bernardo Mingo, hasta hace poco responsable mundial de la división de servicios de Acciona Agua, y en la actualidad nuevo director de desarrollo de Gestagua, otra de las empresas interesadas en el concurso de Jerez -el nombre de Mingo, además, salió a la luz pública como consecuencia del “caso del cambiazo”, ya que tuvo que comparecer para declarar y exponer su conocimiento de los hechos, ante la imputación de uno de los intermediarios de la empresa en este asunto-. acciona aguaAcciona Agua solo lleva seis años en el mercado y se ha convertido en una de las “más renombradas empresas españolas en recuperación del agua”.

Es, además, una de las filiales con mayor peso en los planes de futuro de Acciona y en 2013 espera incremenar sus ingresos un 17%, hasta lograr los 950 milones de euros, según su Plan Estratégico. Sus primeros pasos se encaminaron a la especialización en desaladoras, pero también ha operado en plantas de tratamiento de agua potable, depura aguas residuales y cuenta ya con un notable bagaje en la gestión en distribución de agua y saneamiento de municipios.movilizacionesMientras tanto, y a la espera de que vaya prosperando el procedimiento, la Coordinadora por la Defensa de la Gestión Pública del Agua en Jerez sigue adelante con sus iniciativas, movilizaciones y denuncias, con el objetivo de paralizar las intenciones del Gobierno local.

En este sentido, una de sus primeras críticas se centra en la falta de respuestas a las alegaciones presentadas a la Memoria Justificativa aprobada la pasada semana en pleno, así como a la falta de diálogo directo con la alcaldesa para tratar este asunto. “En contra de lo que el PP propuso en su programa electoral, de aumento de la participación ciudadana, aún estamos esperando que la alcaldesa nos dé cita para explicarle cuáles son las razones que nos mueven a estar en contra de que la gestión del agua pase a manos privadas. Para ello ya cursamos hace tiempo una solicitud en tiempo y forma y no hemos recibido aun su respuesta”, apuntan. Este viernes, como establece el Reglamento de Participación Ciudadana, registraron también la solicitud de una Audiencia Pública. “No nos han contestado las alegaciones y siguen sin dar respuestas a las preguntas que le hemos hecho a Ajemsa”.Sobre este aspecto recalcan que los datos económicos de las proyecciones de la memoria “no se basan en criterios objetivos ni económicos comprobables, responden a unas cifras caprichosas que solo pretenden dar apariencia de una empresa muy rentable y por tanto fácil de vender pero no puede asegurar ni que la tarifa del agua no subirá más allá del IPC ni que se mantendrá todos los puestos de trabajo ni el negocio externo que actualmente soporta Ajemsa”.

Asimismo, también han denunciado la postura a la que se está empujando a las ELA´s, ya que “han recibido ofertas donde no se les especifica el ámbito territorial de su competencia y por tanto el numero de contadores que realmente les corresponde, tampoco la cifra base de la que sale su indemnización concuerdan con las cifras de beneficios de Ajemsa ni se le ofrecen garantías de pago. También se les han lanzado amenazas veladas que no tienen fundamento político ni jurídico”, por lo que la Coordinadora está manteniendo reuniones informativas y ha solicitado información legal al respecto.consulta popularUna de las herramientas que pretende proponer la Coordinadora para conocer el sentir de la población ante la iniciativa del Gobierno municipal es la de la realización de una consulta popular, tomando como punto de partida el programa electoral del PP, en el que “exponían que los temas trascendentales para la ciudad, serían consultados al pueblo en referéndum”.

A ello han sumado una campaña de recogida de firmas en lugares de concurrencia ciudadana: en los barrios de Jerez, en el centro, en el Rastro de la Alameda Vieja, en el Mercadillo de los lunes y de Estella del Marqués, en la Plaza, etc. “Pedimos a los jerezanos que hagan un ejercicio de derecho legal y democrático, pudiendo decidir si el agua la tenemos que poner en manos privadas”, exponen. Para ello están agotando todas las medidas legales establecidas, “con el debido respeto a la Corporación Municipal, para poder ejercer nuestro derecho a ser oídos y a solicitar información sobre algo tan trascendental como es la privatización del agua urbana, por la pérdida de nuestro patrimonio, por el más que esperado aumento del precio de su tarifa, como ha ocurrido en otras ciudades en manos públicas y por la fuga de beneficios económicos y laborales de nuestra ciudad, con el consiguiente aumento del empobrecimiento ciudadano que una venta de estas características supone. Y a todo esto, a sabiendas que esta operación en ningún caso ayuda para nada a la recuperación económica del Ayuntamiento”, insisten desde la Coordinadora.


IU aboga por la transparencia en todo el proceso
El portavoz de Izquierda Unida, Joaquín del Valle, ha presentado una proposición a Pleno para que se constituya una Comisión de Pleno Especial para que “los grupos de la oposición puedan conocer, participar y hacer aportaciones en relación al Pliego de Condiciones Técnicas y Económicas, así como al proceso de contratación de la concesión administrativa para la gestión indirecta del ciclo integral del agua, antes de su aprobación por el órgano competente”. En este sentido, Del Valle ha argumentado que el órgano competente para la ejecución del citado acuerdo es la Junta de Gobierno Local; no obstante, tratándose de un asunto de interés general con especial trascendencia, en aras a la participación y la transparencia en la gestión publica, “se puede y se debe constituir una Comisión de Pleno Especial relacionada con el cambio de forma de gestión del ciclo integral de agua”. Sin embargo, el edil de IU, ha querido ir más allá, “dada la celeridad con la que este gobierno está llevando a cabo los pasos preceptivos para el cambio de gestión de este servicio público”. Por lo cual, ha estimado oportuno que, “en el caso de que estuviese previsto adelantar el procedimiento, se convoque a la Junta de Portavoces a este efecto hasta tanto no se celebre el Pleno”.

El escándalo del “cambiazo” que salpica a Acciona
El expediente con el que Acciona llega a Jerez cuenta con un precedente pendiente de resolución judicial, ya que el nombre de la empresa permanece vinculado al conocido como “caso del cambiazo” en el municipio levantino de Redován, en el que un “intermediario” de Acciona se someterá a un juicio con jurado popular para que se determine si ofreció 100.000 euros para asegurar que su empresa ganara la adjudicación del contrato del agua en dicha localidad. El asunto cuenta con dos vertientes; ésta es la segunda, ya que la primera va por vía penal y en ella deberán responder sobre una presunta falsificación documental y tráfico de influencias un exconcejal socialista y el gerente de la empresa Bluesa, que trató de formar una UTE con Acciona Agua para conseguir la adjudicación del servicio del agua.Los hechos datan de julio de 2010, cuando surgieron las sospechas acerca de que los documentos de la empresa adjudicataria, Facsa, se habían manipulado -en concreto se hace alusión al hecho de que se sustrajeron documentos del contrato público y se alteraron los datos de la oferta ganadora-.

La alcaldesa lo denunció y la Fiscalía consideró que varias personas implicadas en la puja habían tratado de paralizar la adjudicación, entre ellas el intermediario de Acciona, que intentó presuntamente comprar el concurso y que será juzgado por un presunto delito de cohecho.De hecho, en el transcurso de las diligencias abiertas por el caso, el responsable de la división de servicios de Acciona Agua, Bernardo Mingo -que actualmente es director de desarrollo de Gestagua, otra de las empresas interesadas en la concesión del agua en Jerez-, compareció para declarar sobre el asunto y determinar las gestiones previas a la presentación de la oferta junto a la empresa Bluesa. Además, según se reveló en su momento, admitió conocer a una persona que actuaba como asesor externo en este asunto y que según datos de la Guardia Civil tenía antecedentes penales.


La plantilla asegura que está en contra de la privatización
La plantilla de Ajemsa está en contra de la llegada de una empresa privada para que proceda a gestionar el ciclo del agua en la ciudad. Eso no quita que, en previsión del panorama que se abra ante ellos, hayan decidido plantear al Gobierno local una carta de garantías de cara a mantener sus puestos de trabajo y los derechos laborales contraídos, de manera que no se vean perjudicados por el cambio en el modelo de gestión. De ahí que haya molestado que se entendiera desde el Ayuntamiento dicha petición como una aceptación de los planes del equipo de Gobierno.

Dicha carta de garantías laborales no perseguía otra cosa que su ratificación por el Pleno Municipal para que posteriormente se incluya en el Pliego de Condiciones y en los contratos sellados con la empresa que se quede finalmente con la concesión, de manera que exista la salvaguarda ante futuros cambios en la plantilla por parte de la adjudicataria. Entre las peticiones incluidas se encuentra el mantenimiento de las ciondiciones laborales que vienen ostentando; la no aplicación de la movilidad geográfica obligatoria fuera del término municipal de Jerez; el respeto íntegro de los derechos laborales y sindicales de los representantes legales de los trabajadores; y que caso de producirse la extinción de un contrato laboral ajeno a la voluntad del trabajador deberá contar con la autorización del Consistorio.

A esta carta de garantías se ha sumado un segundo escrito, dirigido a la alcaldesa de la ciudad, en el que se muestra categóricamente el rechazo de la plantilla de Ajemsa a la privatización.Los trabajadores consideran fundamental la carta de garantías laborales, sobre todo teniendo en cuenta la actual coyuntura laboral, “en la que los derechos consolidados de los trabajadores se menoscaban”, y que el propio Ayuntamiento debe ser “consecuente con sus responsabilidades y representar la voz de los que depositaron su confianza en ellos, defender y poner todos los medios posibles para que al capital humano se le reconozca el valor intrínseco que posee en la prestación de los servicios”.

En este mismo comunicado, el comité de empresa de Ajemsa ya subraya que “la solicitud de estas garantías no apoya en forma alguna ninguna decisión que conlleve una privatización de la gestión de los servicios, que rechazamos no solo como trabajadores, sino como ciudadanos, al considerar la gestión privada en régimen de monopolio de un servicio público, la damnificación de un derecho fundamental: el agua no es un negocio”.