Los empleos subvencionados en Qualytel se mantendrán, según Empleo
La alcaldesa resta importancia a la situación "en una empresa que tiene más de 1.000 empleos"
Los 168 despidos anunciados en Qualytel no pasarán factura a las empleadas cuya contratación fue subvencionada por la Junta de Andalucía. Así lo aseguró ayer el consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien garantizó que ninguna de las trabajadoras que fueron contratadas a raíz de las ayudas que la Junta destinó a esta empresa “será objeto de despido ni de ninguna manera de extinción de contratos”.
La alcaldesa, Pilar Sánchez, restó importancia a los despidos “en una empresa que tiene más de 1.000 empleos” y aseguró que son “contratos que se piensan ir recuperando, y que la mayoría afecta a trabajadores de localidades vecinas”.
Fernández defendió además la política de empleo de las Administración, y aseguró que los Expedientes de Regulación de Empleos (ERE) autorizados en la provincia hasta el momento son “inferiores” a la media andaluza.
El titular de Empleo en la Junta aseguró que, de los expedientes iniciados en la Consejería que dirige, “casi el 86% ha finalizado con acuerdos de suspensión de contratos”. Como ejemplo, defendió que en el caso de Visteon, con sede en El Puerto, el expediente que se ha iniciado es de suspensión, “no de despido”. Según él, se debe a la “cultura de concertación”.
La alcaldesa, Pilar Sánchez, restó importancia a los despidos “en una empresa que tiene más de 1.000 empleos” y aseguró que son “contratos que se piensan ir recuperando, y que la mayoría afecta a trabajadores de localidades vecinas”.
Fernández defendió además la política de empleo de las Administración, y aseguró que los Expedientes de Regulación de Empleos (ERE) autorizados en la provincia hasta el momento son “inferiores” a la media andaluza.
El titular de Empleo en la Junta aseguró que, de los expedientes iniciados en la Consejería que dirige, “casi el 86% ha finalizado con acuerdos de suspensión de contratos”. Como ejemplo, defendió que en el caso de Visteon, con sede en El Puerto, el expediente que se ha iniciado es de suspensión, “no de despido”. Según él, se debe a la “cultura de concertación”.
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