La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha presentado un nuevo parte de baja por enfermedad por un periodo de 20 días, de manera que, en el mejor de los casos, no se incorporaría a su puesto de trabajo en este órgano judicial hasta, al menos, la segunda quincena de diciembre.

   Fuentes judiciales han indicado a Europa Press que ha sido esta misma semana cuando la magistrada ha presentado un nuevo parte médico que la mantendrá alejada del Juzgado otros 20 días, por lo que superará los tres meses sin acudir a su puesto de trabajo, pues hay que recordar que se dio de baja el pasado día 12 de septiembre al padecer cefáleas --fuertes dolores de cabeza-- desde que se incorporó al Juzgado una vez finalizadas las vacaciones de verano.

   Además de las distintas ramas del caso Mercasevilla y de los ERE fraudulentos, la juez investiga otros asuntos de enorme envergadura, como por ejemplo la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Betis, causas que están sufriendo un serio retraso en su instrucción debido a la baja de la magistrada.

   Durante el tiempo en que la magistrada ha estado de baja, el juez sustituto, Iván Escalera, ha resuelto algunos recursos y ha tomado algunas decisiones de calado, como cuando decidió rebajar a 50.000 euros la fianza para que el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero pudiera abandonar la prisión, cosa que hizo el 22 de octubre.

   De igual manera, el juez sustituto dictó un auto en el que decretó el secreto de sumario durante un mes del caso de los ERE a fin de ampliar la investigación sobre personas no imputadas e indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

   Así, el juez atendió la petición realizada por la Guardia Civil y decretó el secreto "total" de las actuaciones para todas las partes personadas, a excepción de la Fiscalía Anticorrupción, "por el tiempo imprescindible y plazo no superior a un mes", todo ello a fin de que la Unidad Central Operativa (UCO) "complete las diligencias de investigación que le vienen encomendadas, las cuales se extenderán asimismo para el descubrimiento y esclarecimiento" de los delitos referidos.