Cuando los ayuntamientos democráticos empezaron a cobrar carta de naturaleza, gobiernos como el entonces presidido por Pedro Pacheco se lanzaron a la carrera de la privatización de la gestión de los servicios públicos con el objetivo principal de que fueran las adjudicatarias las encargadas de abonar mensualmente las nóminas de los trabajadores. En el negocio entraron grandes compañías, a quienes no importaba financiar la prestación de esos servicios porque eran conscientes de que, a la larga, ganarían notables sumas de dinero.
Así funcionó la cosa hasta hace apenas tres años, cuando la crisis empezó a golpear con fuerza a unos colosos que sustentaban buena parte de su negocio en el mercado inmobiliario. Hasta entonces, las concesionarias abonaban las nóminas de sus trabajadores en tiempo y forma a pesar de que los ayuntamientos demoraban el pago de esos servicios, acumulándose en ocasiones deudas ciertamente escandalosas. Consumado el desastre económico, las grandes compañías reclamaron el abono de las deudas, abandonaron las concesiones y replegaron velas a la espera de tiempos mejores.
Los servicios públicos quedaron desde entonces en manos de concesionarias insolventes, incapaces siquiera de abonar una nómina a sus plantillas, pero con una enorme habilidad para extorsionar a unos ayuntamientos económicamente asfixiados. Son empresas de las que nadie sabe nada, y cuyos titulares ponen cara de póker mes a mes cuando tienen que pagar a sus trabajadores, como si acaso no hubieran contraído obligación alguna con ellos. Y los curritos, que quieren y tienen que cobrar, ejercen de cobradores del frac de sus propios empresarios movilizándose contra el ayuntamiento de turno para que a su empresario no le falte nunca el dinero porque en ello, lamentablemente, les va el potaje.
Visto lo visto, parece oportuno que los ayuntamientos -y el de Jerez a la cabeza- empiecen a considerar la posibilidad de rescatar esos servicios. Más que nada para evitar que ciertos jetas ganen dinero por limitarse a hacer de meros intermediarios entre el Consistorio y los trabajadores. Así, cualquiera monta una concesionaria.
