Podemos dimensionar la vorágine normativa actual. Desde 1984, con la LODE, Ley del Derecho a la Educación, se han aprobado por el Congreso de los Diputados otras cuatro leyes orgánicas; LOGSE, LOPEGCE, LOCE y la última la LOE en 2006. Probablemente en 2013 contemos con la sexta, la LOMCE. En 23 años seis leyes de Educación y cada ley requiere un desarrollo nor-mativo: Reales Decretos, que requieren de Decretos en las 17 autonomías y de cada uno de ellos cuelgan órdenes y resoluciones. Una maraña de normas, que si añadimos los aspectos no deroga-dos de las anteriores, conforman un abigarrado mosaico legal difícil de manejar por quienes se especializan en ellas, e imposibles de asimilar por la ciudadanía. En nuestra historia podemos apuntar la vigencia, más de 100 años, de la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, promovida por Claudio Moyano, Ministro de Fomento en tiempos de Isabel II, que prácti-camente llegó hasta 1970, año en el que se publica la Ley General de Educación vigente veinte años hasta la LOGSE en 1990. La estabilidad normativa es imprescindible en materia Educativa. Por otro lado es posible constatar como los programas oficiales, proyectados mediáticamente como auténticas mejoras del sistema educativo, se han ido evaporando después de los primeros compases de su ejecución, llegando a desparecer, sin que la ciudadanía recibiera información consistente de los objetivos conseguidos, los recursos empleados y el grado de eficacia alcanzado. Es más queja constante de todos los políticos de que el sistema educativo estaba, y sigue estando en crisis, viene a confirmar que las numerosas modificaciones normativas, de nada han servido para frenar el deterioro del mismo. El Sistema Educativo sigue segregando a casi el 50% de todo el alumnado, haciendo más amplia y profunda la brecha que separa al alumnado de familias modestas, del de familias potentadas.
¿Dónde ha estado la Inspección de Educación? A la que las leyes le encomiendan la salvaguarda del derecho a la educación. La política se ha ocupado de transferir su responsabilidad de vigilancia y control a esta institución supervisora, al organizarle planes de actuación para que se centrara en unos aspectos del sistema educativo y no en otros. Y cuando la mirada indagadora de la Inspección Educativa se ha posado en algún asunto, trasladando propuestas concretas, poco o nada se ha remediado. Debería analizarse sí las políticas de personal han estado o no al servicio de la estabilidad real del profesorado, sobre todo en centros con especiales dificultades. También si el reparto de ordenadores portátiles a decenas de miles de alumnas y alumnos ha provocado o no la extensión del uso de las tecnologías de la información en las aulas, o si la organización de las miles de horas de enseñanza en lengua extranjera, que recibe el alumnado a lo largo de su escolarización, deberían haberse modificado para garantizar ese aprendizaje imprescindible en nuestros días. De casi todo lo que ocurre en los centros escolares se ha pronunciado la Inspección de Educación, sin que ello haya, en muchas ocasiones, generado una respuesta de quienes políticamente deberían darla. En estos tiempos críticos, como los que vivimos, cualquier instancia inspectoras, (del Banco de España, de hacienda, de trabajo, …), pero en particular en el educativo, deben ser autónomas del poder político. Sus informes, dictámenes y estudios deben ser conocidos también por todos los sectores de las comunidades educativas, a quienes deben servir. También en Educación es urgente mayor transparencia.
Fdo. Rafael Fenoy Rico Inspector de Educación Comunicación CGT Educación
