El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha aclarado este viernes que existen "precedentes constitucionales y legislativos" para la expropiación temporal de uso que establece el decreto ley de función social de la vivienda y ha rechazado "polémicas" al respecto.
En declaraciones a los periodistas en Granada antes de inaugurar el Encuentro de Comunicación Social y Periodismo del Mediterráneo, que forma parte de la programación conmemorativa del Milenio, Griñán ha puesto como ejemplo la reforma agraria, que contemplaba precisamente la expropiación temporal de uso de las fincas que no eran cultivadas y ahora, ha indicado, esa misma figura se aplica "a aquellas viviendas que no están puestas a disposición de los ciudadanos".
Por otra parte, ha señalado el buen criterio de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, al querer explicar el nuevo decreto en el seno de la conferencia sectorial de vivienda a nivel nacional para que, según ha dicho, "todas las comunidades autónomas conozcan cuál es realmente el sentido de la norma y ver si se puede extender a toda España".
Al líder del Ejecutivo andaluz le gustaría que el decreto tuviera "la trascendencia que merece tener" porque se trata de una medida que "viene a poner un poco de razón en la sinrazón que supone el que haya miles y miles de pisos vacíos en Andalucía y en España y miles y miles de familias que no tienen acceso a la vivienda o que tienen incluso riesgo de perder la que tienen".
"Estamos viviendo en un mundo donde la crisis económica, además de haber provocado mucho desempleo, ha provocado mucho desempleo en personas muy endeudadas, porque ésta es una crisis que ha venido con un crecimiento de la deuda familiar enorme, y esto está produciendo una marginación social, de clases medias también. Lo que hemos pretendido con este decreto ley es unir estas dos circunstancias y dar una salida", ha señalado.
Además, ha recordado que la expropiación irá dirigida primero a entidades financieras o inmobiliarias y que el decreto también servirá para las personas que, perdiendo el uso de la vivienda, caerían en una "circunstancia de grave exclusión social". Asimismo, lo que el Gobierno andaluz ha pretendido "cuando se trata de viviendas particulares" es "favorecer el alquiler a través de medidas de incentivo, no represivas" y que, en el caso de viviendas de entidades financieras, "que las pongan también en alquiler".
"Esto es el decreto ley, no es mucho más que esto. Yo no quiero polémicas, sino llegar a un punto de entendimiento", ha finalizado.
