La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado sendas sentencias desestimatorias a recursos interpuestos por los sindicatos FSIE y USO, mayoritarios en el sector de la enseñanza concertada andaluza, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que fijó en junio de 2010 las cuantías de las reducciones retributivas de este profesorado con el fin de equipararlas a las establecidas para el sector público.
En dichos fallos, susceptibles ambos de recurso de casación y a los que ha tenido acceso Europa Press, se alude a la teórica vulneración de la libertad sindical en cuanto a la negociación colectiva y a la fuerza vinculante del convenio como argumentos expuestos por las centrales sindicales a la hora de recurrir el acuerdo de la Junta, mientras que ésta apela a que la cuestión no está sujeta a la jurisdicción ordinaria y que, en caso de estarlo, pertenece a social, y no a la contencioso-administrativa.
En este sentido, el TSJA se remite a jurisprudencia previa sobre asuntos similares para dar la razón a la Junta de Andalucía, en el sentido de la "imposibilidad" de impugnación directa de una disposición con carácter de ley ante la jurisdicción contenciosa, siendo ello competencia del Tribunal Constitucional.
Los ajustes se realizaron sobre los complementos que la comunidad autónoma aportaba a los salarios de estos profesionales, suponiendo una bajada media del 5 por ciento sobre el sueldo total. Esta medida, que afectó a los 17.486 profesores que impartía docencia en los 600 centros educativos concertados de la comunidad, suponía, según los cálculos de la Junta, un ahorro de 20,77 millones de euros.
La iniciativa no afectaba a las retribuciones básicas, sometidas a convenio colectivo, ni tampoco al acuerdo suscrito en 2008 entre la Consejería de Educación y las organizaciones patronales y sindicales del sector para la progresiva equiparación salarial con la enseñanza pública.
Dicho acuerdo fijaba para 2010 un nivel de equiparación del 99 por ciento, que se mantenía pese a la reducción aprobada. Las rebajas en los complementos autonómicos se aplicaron con efectos de 1 de junio de 2010.
