El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes, en su habitual reunión semanal, remitir al Parlamento autonómico la comunicación para la celebración del Debate sobre el Estado de la Comunidad, que tendrá lugar los próximos días 26 y 27 de junio, han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Se trata del primer Debate sobre el Estado de la Comunidad de la actual legislatura, toda vez que el año pasado no se celebró por la cercanía de las elecciones autonómicas del 25 de marzo y del debate de investidura de José Antonio Griñán como presidente de la Junta.
En su última edición, a finales de junio de 2011, Griñán se midió al por entonces presidente del PP-A, Javier Arenas, por lo que será la primera ocasión en que el jefe del Ejecutivo andaluz se mida con el actual líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, en un Debate sobre el Estado de la Comunidad.
Según ha destacado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, este Debate sobre el Estado de la Comunidad servirá para hacer "balance de los primeros 14 meses de legislatura" en los que, a su juicio, el Gobierno que preside José Antonio Griñán "ha demostrado que otra forma de hacer política es posible, poniendo el acento en las personas y no en la austeridad a ultranza".
En la comunicación remitida a la Cámara, se señala que el Consejo de Gobierno acude al debate "con el aval de una acción política a ras de suelo y sin ningún tipo de complacencia, porque la situación económica sigue siendo complicada pese a las previsiones optimistas que alumbraban los Presupuestos Generales del Estado y que han tenido que ser revisadas a la baja".
Se señala que este primer año de mandato ha estado marcado por la puesta en marcha de una alternativa distinta para la salida de una crisis económica que ya se extiende durante cinco años. "El objetivo de este tiempo ha sido evitar o, cuando menos, atenuar los efectos de la recesión económica en las familias y las pequeñas y medianas empresas", según se indica en la comunicación, donde se pone de manifiesto que estos casi 14 meses de gobierno han permitido poner de manifiesto que otra forma de salir de la crisis es posible y que Andalucía no se resigna a los recortes impuestos.
Se añade que en Andalucía se han sabido combinar el necesario ahorro con el impulso de políticas de estímulo y la defensa de los servicios públicos fundamentales. Se recuerda la puesta en marcha de planes de fomento de empleo por 500 millones de euros con fondos propios "y sin tener apoyo ninguno del Gobierno central, que una y otra vez ha desoído la petición de un plan especial para Andalucía, como sí ha hecho con otras comunidades autónomas".
En cuanto al paro, el principal problema de la comunidad y en el conjunto de España, se indica que hay que encarar la lucha "contra el desempleo con los pies en el suelo y sin ningún tipo de triunfalismo". Se resalta que el empleo ha sido el centro neurálgico de las políticas desarrolladas desde la Junta en este tramo inicial de legislatura y seguirá siendo la prioridad en los ejercicios presupuestarios siguientes.
Asimismo, se resalta que Andalucía se ha situado en la vanguardia con medidas de enorme calado social, con las iniciativas legislativas contra la exclusión social y sobre la función social de la vivienda como "dos hitos de este periodo de gestión que han situado a la comunidad como avanzadilla de políticas distintas que anteponen las personas a los ajustes contables".
Se pone de manifiesto que en Andalucía se ha hecho bandera del mantenimiento de los servicios públicos y de la defensa del Estado del Bienestar. "Esta convicción del Gobierno andaluz supone un duro ejercicio de resistencia, de incalculable valor en comparación con el desmantelamiento que se ha realizado en otras comunidades", según recoge la comunicación del Ejecutivo.
De igual manera, se destaca que el Gobierno andaluz ha hecho siempre del diálogo su seña de identidad y que se está ultimando el Pacto por Andalucía, una estrategia de consenso con la sociedad para recuperar la confianza de la ciudadanía y transmitir credibilidad sobre las potencialidades de nuestra comunidad. "La voluntad del Gobierno autonómico es cerrar un Pacto por Andalucía sin exclusiones y que represente el sentir y las aspiraciones del conjunto de la sociedad andaluza", según se señala en la comunicación, donde se hace referencia a la elaboración de la Ley de Transparencia, como una medida de mejora de la calidad de nuestra democracia que otorgará más control, más poder y más voz a la ciudadanía y que nace con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana.
Para el Gobierno, el debate sobre el Estado de la Comunidad se presenta como un momento para demostrar la utilidad de la política, para acercar la gestión de lo público a la ciudadanía y para encontrar puntos de encuentro que permitan encarar entre todos la recta final de esta crisis sin dejar a nadie en la cuneta.
PIDE AL PP-A QUE HAGA UN DEBATE "LIMPIO"
En este sentido, Miguel Ángel Vázquez, que ha indicado que se trata de una comunicación "realista", ha confiado en que el PP-A haga un debate "limpio" y plantee propuestas, porque, hasta ahora, a "falta de programa de gobierno y de impulso político", solo se aferra a los "casos de corrupción y hace un uso abusivo e inmoral de ello para hacer daño al Gobierno andaluz", que está colaborando desde el "primer minuto" con la instrucción judicial de caso de las irregularidades en ERE.
Ha confiado en que el PP-A afronte el debate buscando el interés de los ciudadanos y no sus "intereses particulares o sus réditos electorales o tratando de tapar otro tipo de corrupción que tiene el Partido Popular". A su juicio, a esta formación le gusta mucho hablar de las "corrupciones de las demás, pero habla poquísimo de los asuntos que les afectan a ellos".
"Sería un ejercicio de decencia intelectual y moral aplicar el mismo rasero a todos los casos", según el portavoz del Gobierno, para quien en la situación que vive actualmente Andalucía y España, "entrar en debates sobre asuntos que se están dirimiento en la esfera judicial supone ganas de obstruir la acción política del Gobierno andaluz y de hurtar el debate en el Parlamento".
