La jefa del equipo de la Cámara de Cuentas que elaboró el informe de fiscalización de Invercaria correspondiente al año 2009 ha desvelado este miércoles que la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía "limpió" los expedientes que remitía a la propia Cámara de Cuentas porque incluía correos electrónicos de la Consejería "que no tenía por qué ver".
En su declaración ante el juez de Sevilla que investiga las supuestas irregularidades en Invercaria, esta auditora, identificada como Amelia Martínez Sánchez, ha asegurado que la empresa pública "no facilitó con prontitud" los expedientes a la Cámara para la correspondiente auditoría, sino que "fue un chorreo continuo a lo largo de todo el trabajo de campo", entre finales de 2010 y abril de 2011, y la explicación que les dieron "es que los tenían, pero que los tenían que limpiar".
Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Amelia Martínez se ha ratificado en dicho informe de fiscalización, en el que se aludía al abono de retribuciones a tres trabajadores contratados por Invercaria "que no prestan de forma justificada sus servicios en ella" y a los gastos de representación abonados en la etapa de Tomás Pérez-Sauquillo como presidente por importe de 25.101,09 euros.
Al hilo de ello, la testigo ha asegurado que "no han tenido ninguna limitación" en los trabajos de fiscalización" de Invercaria, de manera que "han podido opinar sobre todas las materias", aunque los expedientes "estaban muy incompletos o no tenían documentación, y por eso no se la dieron".
Respecto al análisis de inversiones, ha asegurado que ella "tiene la idea" de que Invercaria "tendría que estar sujeta a la orden de incentivos", pero la empresa pública y la agencia IDEA "entendían que no", añadiendo que esta orden "establece una serie de procedimientos que Invercaria no cumplía", por lo que la auditora les solicitó toda la documentación que entendió "procedente" de las inversiones que fiscalizaron.
"CADA UNO ES DE SU PADRE Y DE SU MADRE"
En esta línea, ha subrayado que, al no estar sujeta al procedimiento de la orden de incentivos, ello implica "que no existe modelo de solicitud de incentivos" y la "inexistencia de informes de valoración técnica y económica de los proyectos por las comisiones de valoración autonómicas y provinciales, ya que esas comisiones estaban conformadas por técnicos de la Consejería de Innovación y de IDEA".
En esa orden, "se establecen unos requisitos que deben cumplir los beneficiarios", por lo que, "al no estar sometido a la orden de incentivos, esos requisitos dependían de lo que Invercaria estableciera", ha dicho la testigo, aseverando que, en definitiva, "no observó procedimiento alguno para la concesión de los incentivos, que cada uno es de su padre y de su madre".
A ello se suma, según ha añadido, que en algunos de los procedimientos estudiados "no existían comprobaciones posteriores de las inversiones", y ha puesto como ejemplo el caso de FIVA, que "no tenía cuentas anuales auditadas y depositadas de los ejercicios 2008 y 2009", por lo que "propuso al consejero que de los expedientes analizados no podía emitir una opinión sobre idoneidad de las inversiones realizadas".
LOS 'MOCHILEROS'
No obstante, no ha podido asegurar que esta ausencia de procedimiento "podría implicar un menoscabo en los fondos públicos que manejaba Invercaria", aunque ha opinado que, "de haberse seguido el procedimiento de la orden de incentivo, hubiese habido menos riesgos". Además, ha señalado que los análisis de inversión de Invercaria "en muchos casos partían de una previsión de beneficios que la declarante no veía coherente".
En otro momento de su declaración, Amelia Martínez ha señalado que, en la primera entrevista que tuvo con el ex director financiero de Invercaria, Antonio Nieto Garrido, que fue el interlocutor en el trabajo de fiscalización, le evidenció el elevado gasto de personal de Invercaria, pero él "le comentó que quitase los 'mochileros'", explicándole el imputado que "se trataba de personas a las que Invercaria pagaba y que tenían nóminas aunque no trabajaban" en la empresa pública.
Al hilo de ello, ha indicado que, "en un principio, la existencia de los 'mochileros' no era raro para las personas de Invercaria" y que la justificación que se les dio "es que trabajaban" en el Observatorio de la Consejería de Innovación y en el CADE de Marbella (Málaga), agregando la testigo que en trabajos que ha realizado en relación con otras empresas públicas "también ha visto una situación parecida a ésta", citando el caso de CITA Andalucía.
ENCUENTRO CON CRISTÓBAL CANTOS
La testigo, que ha querido dejar claro que el hecho de que haya sido nombrada consejera de la Cámara de Cuentas a propuesta del PP no le ha influido en su parecer, ha señalado que, una vez elaborado el borrador del informe, tuvo un encuentro con el exdirector de Formación de Invercaria Cristóbal Cantos y éste "le contó que lo habían despedido a raíz de que se había negado a elaborar información falsa y por el borrador del informe que elaboró" la auditora.
Por su parte, María José González Fernández, que actuó como ayudante de auditoría en el informe de fiscalización referido, ha explicado en su declaración ante el juez que, en los trabajos de fiscalización, "se pudo comprobar que existían personas que trabajaban para Invercaria pero que no desempeñaban su trabajo físicamente en su sede", y ha precisado que, en un caso concreto, "sabían de una señora que había sido secretaria personal de Manuel Chaves y que cuando se fue a Madrid la pusieron en nómina en Invercaria".
La auditora, que no hizo constar en ningún documento que esta trabajadora fuera secretaria personal de Chaves ni que "estaba en su casa", tampoco lo trasladó al informe "en los términos de que era secretaria de Chaves, sino de que estaba percibiendo una remuneración sin tener constancia de que realmente estaba contratada por Invercaria".
En este sentido, ha precisado que "no encontraron y no estaban o al menos no se lo facilitaron los expedientes de estas otras personas que no trabajaban en la sede" de la empresa pública, citando el caso de un trabajador que llegó a cobrar 80.000 euros anuales y realizó gastos de viajes cuyos justificantes "no se pudo demostrar que tuvieran alguna relación o vinculación" con la actividad de Invercaria.
La tercera de las auditoras, Leonor Viñuales Gutiérrez, ha dicho desconocer si a Invercaria le era aplicable la orden de incentivos de diciembre de 2008.
