Los 120 inmigrantes búlgaros que permanecían desde hace casi tres meses en una finca de Cartaya en la que trabajaron en la campaña fresera por no cobrar sus salarios, han llegado a un acuerdo con el empresario para volver a su país, con el compromiso ante notario de cobrar sus atrasos.
El acuerdo, según ha explicado a Efe el empresario A.M.R., contempla que los inmigrantes vuelven a su país con el compromiso por parte de la empresa de que cobrarán el total de la deuda, unos 225.000 euros, antes de cuatro meses, y la empresa se encarga de costear el viaje en autobús hasta Sofía y sus localidades de origen.
El portavoz de la ONG Anusci, Juan Labrador, ha dicho a Efe que este acuerdo implica además que UGT se hará cargo de mediar en los cobros, para enviarles el dinero prometido a los trabajadores en cuanto sea posible.
Las dos partes se han congratulado de que se haya puesto punto final a esta "pesadilla", que habían protagonizado una serie de personas que llegaron a Huelva el pasado enero para trabajar en la recogida de la fresa, sin llegar a cobrar sus sueldos completos en ninguna mensualidad.
Durante el tiempo que han permanecido en esta situación los inmigrantes han sobrevivido con la ayuda de distintas entidades benéficas, así como por la solidaridad a título particular de vecinos de Cartaya que les han proveído de lo necesario para su alimentación e higiene.
Por otra parte, en declaraciones a Europa Press, el secretario general del sindicato Fitag UGT, Luciano Gómez, ha expresado que en reuniones anteriores "aunque el empresario no movía su posición, sí mostraba un diálogo positivo y su intención de buscar recursos económicos para sacar la finca adelante, valorada en tres millones de euros, y acabar con la situación de extrema necesidad en la que se encuentran los trabajadores".
Así, este viernes se llevó a cabo una negociación entre el empresario y los representantes de los trabajadores en la que finalmente la empresa asumió el importe total de la deuda contraída con los temporeros así como el coste del viaje a su país de origen y la comida, valorado en un total de 150 euros por persona. Cabe recordar que estos trabajadores han cobrado desde octubre una media de 499 euros y actualmente "carecen de recursos para seguir adelante", ya que la empresa "les debe más de 180.000 euros", ha afirmado.
Según Gómez, al inicio de la negociación el empresario mostraba discrepancias en torno a los cálculos de "las peonadas y el alta en la Seguridad Social de los días que habían trabajado los temporeros en cuestión, lo que suponía una disminución considerable de la deuda acordada inicialmente". Finalmente, continúa, "el empresario cedió y se ha conseguido que la empresa asuma el importe total de la deuda inicial".
Asimismo, Gómez ha anunciado que el empresario ha firmado un reconocimiento de la deuda individualizada con los temporeros y que la empresa ha entrado en un proceso de concurso de acreedores para "hacer frente al pago de la deuda con la venta de activos u otros procedimientos lo antes posible".
Así las cosas, este mismo domingo parte hacia Bulgaria el primer autobús con la mitad de los trabajadores que aún se encuentran en la finca de Cartaya. El resto viajará el lunes por la tarde, ha asegurado Gómez.