La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado para el jueves 12 de diciembre, a las 10,30 horas, la vista oral correspondiente a la demanda colectiva promovida contra el expediente de regulación de empleo (ERE) consumado el pasado mes de agosto por la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo permitido por la legislación laboral.

   Fuentes del comité de empresa de Mercasevilla han informado a Europa Press de que esta demanda colectiva, promovida por la representación sindical de la plantilla, está suscrita por los 129 trabajadores despedidos el pasado mes de agosto, toda vez que al menos 89 de ellos han formulado demandas individuales contra cada uno de sus despidos. El del 12 de diciembre, de cualquier modo, será el primer juicio que se celebra a cuenta de este expediente de regulación de empleo que constituye la reestructuración laboral más dura que ha vivido esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.

ERE EN PLENO AGOSTO

   Los despidos, en concreto, comenzaron a ser efectivos el pasado 12 de agosto, la jornada en la que precisamente entró en vigor la liberalización de los servicios que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado del mercado central.

   La liberalización de los servicios de carga de género y facturación de ventas que la plantilla de Mercasevilla prestaba en la lonja de pescado, en ese sentido, constituye uno de los factores clave de este procedimiento, toda vez que el Gobierno municipal del popular Juan Ignacio Zoido sostiene que esta liberalización responde precisamente al cumplimiento de las regulaciones comunitarias.

EL PAPEL DE LA UNIÓN EUROPEA

   En concreto, en el seno de las instituciones europeas reside un expediente a cuenta de la supuesta situación de monopolio en la que incurriría Mercasevilla al haber prestado con estos trabajadores los servicios de carga y facturación del género con la correspondiente imposición de un gravamen a los empresarios mayoristas de pescado, quienes precisamente habían elevado este aspecto a la Unión Europea. Para el Gobierno local del PP, la liberalización de la lonja responde así a las exigencias de las regulaciones europeas, toda vez que los trabajadores defienden que la Unión Europea no ha emitido nunca ningún dictamen concluyente o definitivo sobre este conflicto.

   Fuere como fuere, en los últimos meses el Consistorio hispalense había tramitado y aprobado definitivamente una modificación de los reglamentos de Mercasevilla que liberalizaba los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado, extremo que entró en vigor el pasado 12 de agosto. Así, las labores de carga y descarga y facturación del género quedaban abiertas a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas.

   En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital y, finalmente, el expediente de regulación de empleo fue consumado el 12 de agosto con 129 despidos.