Lealtad institucional también para con la Inspección de Educación

Lealtad institucional también para con la Inspección de Educación
A muchos políticos, sobre todo cuando sienten en el cogote la presión de otros políticos, enarbolan la bandera de la “lealtad institucional”. Y es que creen que sólo donde ellos están cobrando sueldos sustanciosos y gozando de situaciones de privilegio, son instituciones. Un político, cuando desempeña responsabilidades de gobierno, debe ser también leal con la propia institución que dirige y respetar a las personas que en ella trabajan, comenzando por valorar aquello que hacen de manera profesional, evitando bastardas  injerencias o intentos de conseguir objetivos particulares contrarios al bien común.
De falta de lealtad  Institucional se trata cuando la Sra. Consejera de Educación Mar Moreno  firma  la orden de organización y funcionamiento de la AGAEVE (Agencia Andaluza de Evaluación Educativa).  La Inspección de Educación tiene encomendadas, no sólo por la Ley Andaluza de Educación, sino la actual Ley Orgánica de Educación, las funciones de supervisión y participación en la Evaluación del Sistema Educativo. La mencionada orden atribuye a la AGAEVE funciones de evaluación en los campos en los que ha venido trabajando la Inspección de Educación, alterando el marco de referencia normativo existente.
Es evidente que cuando se “aparta” a unos trabajadores del objeto de su labor, no será porque se entienda que el ejercicio profesional de éstos haya sido adecuado. La cuestión no es si la Sra. Consejera puede o no puede firmar una orden. El asunto de fondo es la opacidad con que se producen decisiones que, precisamente por no estar fundamentadas, pueden ser calificadas de erróneas, en el mejor de los casos, arbitrarias, o interesadas en el peor.
Presentimos que la Sra. Consejera, persona inteligente y capaz, como ha demostrado en su trayectoria política, no ha sido consciente del alcance perverso de la orden que ha firmado. Es muy posible que se haya abandonado al erróneo (o peor aún, interesado) consejo de quienes la asisten. Tampoco queda fuera de duda la posible participación del Sr. Viceconsejero D. Sebastián, que une en su persona la facultad de asesorar a la Sra. Consejera, Dña. Mar Moreno, participar como vicepresidente del Consejo de Dirección de la AGAEVE y, también, nada más y nada menos, la de  dirigir orgánica y funcionalmente a la Inspección Educativa andaluza.  Nos preguntamos cómo podrá el Sr Sebastián  mirar a la cara a la Inspectora General, a las Inspectoras e Inspectores Centrales, así como a los ocho Jefes de Servicios de cada una de las provincias andaluzas, cuando se reúna con ellos en el Consejo de Inspección, órgano de coordinación de las actuaciones inspectoras en los Centros Educativos andaluces. Precisamente no hace mucho se celebró uno de ellos y nada se comentó sobre el tremendo varapalo que, con la publicación de la orden a la que hacemos referencia, se le ha dado a la Inspección de Educación andaluza. 
Si quienes han venido evaluando el funcionamiento de centros, direcciones y profesorado de los mismos, se les trata de esta forma vejatoria, es posible hablar de una absoluta falta de lealtad institucional, dentro de la propia Consejería de  Educación. Otra cuestión es que la orden se haya publicado con errores importantes (p.e. considerar a la Inspección de Educación un Servicio Educativo), en ese caso será de sabios, como bien conoce la Sra. Consejera, rectificar en el BOJA lo antes posible.
Fdo. Rafael Fenoy Rico   Inspector de Educación en Andalucía.