La secretaria general de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía, Amanda Meyer, ha mantenido un encuentro con los representantes del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria con el fin de trabajar conjuntamente en la regulación del ejercicio de la intermediación inmobiliaria que permita "una mayor protección del consumidor" en las operaciones de compraventa y alquiler de inmuebles.
En un comunicado, la Junta ha informado de que durante la reunión, Meyer ha insistido en que "es necesario contar con una normativa que reglamente esta actividad, teniendo en cuenta las malas prácticas y los abusos que se han cometido durante la etapa del 'boom inmobiliario', en la que el consumidor quedaba en una posición de desprotección ante el resto de agentes intervinientes". Así, ha señalado que "esa mala praxis no se puede volver a repetir, debemos aprender de la etapa anterior para que los clientes no se sientan indefensos sin ninguna instancia de referencia a la que poder recurrir si tienen algún problema durante la compraventa o el alquiler de una casa".
Ha asegurado que en Andalucía las consejerías de Fomento y Vivienda y de Administración Local y Relaciones Institucionales "constituirán una comisión de trabajo para avanzar en esta regulación, por eso agradezco a estos profesionales sus aportaciones y sugerencias, que se concretan en una propuesta que se deberá ahora estudiar por ambos departamentos". Igualmente, ha indicado que "aunque será la Administración autonómica la que establezca los principios reguladores y la que impulse la reordenación profesional de este ámbito de actuación, es clave contar con los agentes implicados en esta actividad, y más concretamente con el sector de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria", ha destacado.
De igual modo, ha afirmado que "la intermediación inmobiliaria se liberalizó en el año 2000 como mecanismo para introducir mayor competencia en el mercado y reducir el precio de la vivienda, unos objetivos que, tras los estragos causados por la estafa inmobiliaria, evidentemente no se han logrado, generando una indefensión del consumidor". En este sentido, ha señalado que "la profesión no se encuentra sometida a ninguna exigencia normativa específica, salvo en Cataluña, donde sí se controla el desempeño de esta actividad".
Asimismo, Meyer ha indicado que "anima a los agentes de la propiedad inmobiliaria a sumarse al Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler (PIMA), impulsado por la Junta para incentivar que propietarios de inmuebles deshabitados los incorporen a precios asequibles al mercado de arrendamiento". De igual manera, ha asegurado que "estos agentes tienen una larga trayectoria profesional y una gran experiencia en el sector inmobiliario, por eso pueden ser un gran aliado de la Consejería en dar a conocer e impulsar la aplicación de esta iniciativa que pretende modificar la realidad lesiva que existe en Andalucía para el ejercicio del derecho a la vivienda".
Por último, según ha informado la nota, a la reunión han acudido el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Propiedad Inmobiliaria, Diego Galiano, y los presidentes del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Granada, Francisco Javier García-Valdecasa, y de Córdoba, Antonio Álvarez.
