El grupo parlamentario de IULV-CA ha dirigido una pregunta con ruego de respuesta escrita a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para saber si ha mantenido reuniones con la dirección de Tragsatec, filial de la empresa Tragsa, para conocer las causas del expediente de regulación de empleo (ERE) que provocará 150 y 102 despidos en Tragsa y Tragsatec respectivamente en Andalucía.
En dicha iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido formulada por la diputada Dolores Quintana, IULV-CA destaca que la mayoría de estos trabajadores realizan labores en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Por ello, pregunta cuáles son las encomiendas que tiene adjudicadas esta consejería a Tragsatec y cuales están subcontratadas.
IULV-CA señala que, aunque esta empresa depende de la Administración central, tiene una gran vinculación con la Junta por ser su "principal cliente" y, además, ser accionista mayoritario de la misma. Los trabajadores de Tragsatec realizan las labores de emergencia en el ámbito rural, la gestión de las ayudas de la PAC, tareas de vigilancia e inspección en el Parque Natural de Doñana o de Cabo de Gata, entre otras labores.
Desde que el pasado 30 de septiembre la empresa iniciara el procedimiento, la representación de los trabajadores ha mantenido, según explica el grupo parlamentario de IULV-CA, una actitud tendente a evitar los despidos, planteando medidas alternativas como bajas voluntarias, reducciones de jornada, "pero sobre todo plantea que los esfuerzos sean compartidos".
En este sentido, los trabajadores demandan que también se vean afectados y de forma proporcional los más de 200 ejecutivos del grupo que cobran más de 200.000 euros al año, "ya que, además, no están justificadas las causas económicas, organizativas y productivas a la que alude la empresa", destaca la diputada de IULV-CA.
A todo ello se suma el proceso de externalizaciones y privatizaciones que se ha venido dando desde la dirección para poner en manos de empresas privadas lo que se venía gestionando desde lo público. Así, se dan prácticas de adjudicación de un servicio a esta empresa pública para después subcontratar con una empresa privada, según señala Quintana.
Para IULV-CA, esto es "especialmente llamativo" en estos momentos con un expediente de regulación de empleo en curso y cuando la empresa tendría la capacidad de atender directamente estas adjudicaciones.
