El juez que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta de Andalucía, ha citado a declarar como imputado por un delito de malversación este lunes día 17 de febrero al expresidente Tomás Pérez-Sauquillo en el marco de la pieza separada relativa a las irregularidades en la sociedad mercantil Operadores Aéreos Andalus S.A..
Por medio de una providencia, consultada por Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, había citado también este lunes como imputado al exconsejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, aunque su comparecencia ha sido aplazada debido a que ese mismo día su abogado tenía otros compromisos profesionales.
Asimismo, el magistrado ha citado este martes a también en calidad de imputados a los empresarios Pedro y Fernando Guerrero Ros --promotores de la iniciativa de Andalus--, y el jueves al analista de esta empresa pública Manuel Jesús Rodríguez, mientras que, en calidad de testigos, ha citado el viernes a otras dos personas, entre ellas a un auditor de cuentas.
En relación a Operadores Aéreos Andalus, el juez cifra en 1,8 millones el "quebranto" a las arcas públicas.
EL ATESTADO POLICIAL
Las referidas imputaciones se produjeron después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional elevara un atestado en el que relataba que Andalus se constituyó el 28 de noviembre de 2007 por tres socios con la idea de crear una aerolínea con base de operaciones en Andalucía y proyección nacional e internacional, adhiriéndose en febrero de 2008 el propio Martín Delgado al proyecto, que contaba entonces con un capital social de 310.000 euros y que fue presentado a nuevos socios inversores en mayo de 2008, entrando así en el proyecto Invercaria y Corporación Caja Granada.
Según los agentes, la adhesión de Invercaria al proyecto "no fue objeto de análisis y aprobación previa por parte del consejo de administración" de la empresa pública, "como era preceptivo", sino que "constituyó una decisión personal" de su entonces presidente, Tomás Pérez-Sauquillo, "siendo refrendada a posteriori por el consejo de administración".
"NEGLIGENTE"
Tanto Invercaria como Caja Granada "se suman a un proyecto que, un año después de su inicio, no consiguió tener actividad operativa comercial alguna y que, una vez comenzada ésta, incumplió todas las previsiones económicas".
Los agentes explican que Invercaria "pretende el fomento del sector industrial andaluz mediante el apoyo financiero a aquellos proyectos de difícil financiación privada, y que pueden ser relevantes desde el punto de vista de los intereses sociales atendidos", una "especial finalidad que permite la inversión en supuestos de riesgo financiero, en los que el retorno de la inversión es lenta o incluso difícil".
Al hilo, señalan que en el caso investigado "se han conocido circunstancias de la inversión realizada que permiten calificarla como negligente, si no manifiestamente intencionada, pues se realizó a pesar de conocer que la inversión no era recuperable de ninguna manera", circunstancia que "era conocida y fue asumida por los inversores".
PROYECTO "COMPLETAMENTE FRACASADO"
De este modo, Andalus comenzó sus operaciones de vuelos comerciales el 26 de enero de 2009, operando con vuelos regulares y con vuelos charter, cesando su actividad en junio de 2010 y presentando un patrimonio neto negativo para dicho ejercicio de 9,3 millones y "siendo hoy en día un proyecto completamente fracasado".
La Policía señala que el plan de viabilidad presentado a los socios inversores en abril de 2008 prevé un capital social en octubre de ese mismo año de 9,5 millones y de 12 millones para 2009, "cuando la realidad es que el capital social de Andalus en esas fechas es de 310.000 euros", un capital "que se aumenta en noviembre de 2008 con una ampliación y unos préstamos participativos" hasta llegar a 1,8 millones.
Al hilo, critica que este "simple" hecho "permite calificar el negocio proyectado como una verdadera imprudencia comercial", ya que "necesariamente en la mente de los promotores del proyecto debía estar asumida esta ausencia manifiesta y evidente de financiación a corto plazo, imprescindible para acometer un negocio de esta magnitud".
LOS PROMOTORES DEL NEGOCIO NO HAN PODIDO SER LOCALIZADOS
"Las cifras de negocio calculadas y previstas eran excesivamente optimistas y finalmente llegaron a exceder la realidad incluso", aseveran los agentes, que aseguran que "llega a sorprender la incapacidad de alcanzar ni un sólo hito económico siquiera", pues "ya desde el primer momento se solicitan y obtienen ayudas financieras para cubrir deudas iniciales".
A ello se suma que "existe una manifiesta ausencia de documentación", ya que la que debería obrar en poder de Andalus "se ha perdido por diversas razones y la que ha podido ser localizada se considera irrelevante para el análisis de la gestión", añadiendo que los principales promotores de Andalus --los hermanos Fernando y Pedro Guerrero-- "no han podido ser localizados", aunque "se ha tenido conocimiento de que pueden residir en el extranjero, uno en las antípodas y otro en la región caribeña".
"A pesar de haberse intentado la localización de estos dos hermanos en, al menos, cuatro domicilios distintos en cuatro provincias diferentes, y realizadas llamadas telefónicas insistentes a los teléfonos disponibles, a fecha de cierre de este atestado no han podido ser localizados ni se tiene noticia alguna de ellos", dice la Policía.
LAS DECLARACIONES
En su declaración ante la Policía, José María Martín Delgado relató que fue el empresario Antonio Valdés quien le solicitó que se incorporara al proyecto, "en parte debido a la posición ocupada y a la experiencia en el sector estratégico andaluz", y que el rol que iba a desempeñar "era el de asesor jurídico", por lo que era presidente de la sociedad solamente "a título representativo".
A su juicio, "la gestión era muy mala y la contratación de personal excesiva", mientras que el plan de negocio "era inadecuado al tamaño de la flota de aviones", los cuales "montaban motores que requerían la contratación de mecanismos específicos".
