El PSOE de Lepe impugna el acuerdo plenario que dio luz verde a la salida de Lepe de Giahsa

El PSOE de Lepe impugnó, con la presentación de un recurso especial en materia de contratación y medidas provisionales contra los pliegos de licitación del servicio de abastecimiento y alcantarillado de aguas puesto en marcha por el Partido Popular, el acuerdo plenario presentado en el pleno del pasado día 5 de marzo para la salida de la localidad de la empresa de Gestión Integral Agua Costa de Huelva (Giahsa).

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y secretario general socialista en la localidad, David Taboas, explicó a Europa Press que "se han saltado aspectos importantes para fabricar un traje a medida durante los próximos 25 años".

En el recurso formulado por el PSOE se sostiene que en el proceso administrativo llevado a cabo hasta ahora por el gobierno del PP en el Ayuntamiento "se ha incurrido en nulidad de pleno derecho, al prescindirse por completo del procedimiento legal establecido para la fijación" de la ordenanza fiscal que regula las tarifas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración, y que "tampoco se ha querido someter a la preceptiva información pública".

Según señaló el recurso, "ni en la más favorable de las hipótesis los ingresos tarifarios podrán exceder en 2009 de la suma de 3,3 millones de euros, no ya alcanzar la consignada de más de cuatro millones de euros, cuando actualmente los ingresos anuales son exactamente 3,1 millones de euros". De este modo, "jamás se alcanzará un superávit de 556.282 euros", que es el importe mínimo del canon que el concesionario habrá de abonar al Ayuntamiento.

Los socialistas consideraron también que las condiciones establecidas para acreditar la solvencia de las empresas que concurran a la litación son "extremadamente restrictivas". De hecho, "esto hace pensar que pueda existir un acuerdo previo al concurso con alguna empresa concreta del sector. Así, se impide concursar a toda empresa que no acredite, al menos, seis servicios dedicados al ciclo integral de agua, en poblaciones superiores a 25.000 habitantes, y los haya gestionado en los tres últimos años".

En este sentido, añadió el recurso que "la concurrencia de tales requisitos sólo la pueden reunir muy pocas y grandes empresas del sector de esta actividad, con evidente trato de favor".