La Fiscalía de Málaga mantiene abiertas unas diligencias de investigación preliminares desde mayo del pasado año 2013 sobre un presunto fraude en el uso de subvenciones en cursos de formación para desempleados, unas pesquisas que se centran por el momento sólo en la provincia malagueña y sobre 17 empresas, según han informado fuentes del caso.
Según han apuntado a Europa Press, estas diligencias, que se han prorrogado y aún no están judicializadas, se iniciaron a raíz de una denuncia de la Seguridad Social por hechos concretos y cuenta con un informe preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Se refieren inicialmente al año 2010.
Las fuentes no han querido cuantificar el supuesto fraude, ya que las pesquisas son muy iniciales y hasta ahora se centran en ayudas públicas concedidas por un importe de unos dos millones de euros. Se siguen varias líneas de investigación para verificar si el dinero se dedicó efectivamente a la formación y a la posterior contratación de desempleados por parte de las empresas investigadas.
La Fiscalía aún no ha decidido sobre las diligencias que tiene abiertas, ya que está pendiente de un informe más completo por parte de la UDEF. Aunque por el momento las investigaciones se centran en Málaga, no se descarta que puedan referirse a otras provincias andaluzas para comprobar si existía ese uso supuestamente fraudulento.
Los cursos de formación a parados ya fueron cuestionados hace unos meses, en ese caso por la Cámara de Cuentas de Andalucía, que emitió un informe sobre irregularidades detectas en las subvenciones recibidas por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para estos cursos. La Fiscalía Superior de Andalucía reclamó dicho informe para estudiarlo.
Dicho informe, denominado 'Fiscalización de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para la formación profesional para el empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004', la Cámara incluía la detección de numerosas irregularidades, entre ellas la concesión de ayudas por casi 49 millones de euros "sin justificación alguna".
