Los vecinos quieren una tarifa del agua equilibrada

Una tasa progresiva para que el usuario pague más o menos según consuma de agua, un precio mínimo para cada uso que se le dé, y que las mejoras en las infraestructuras no repercutan en el ciudadano son algunas de las propuestas que la Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) realiza a la futura Ley de Agua una vez inicie su desarrollo. De todo ello se hablará durante este fin de semana en las jornadas organizadas por este colectivo que ayer fueron inauguradas por el viceconsejero de Medio Ambiente, Juan Jesús Jiménez.
La vicepresidenta de la CAVA, María Dolores Rincón, explicó que la confederación vecinal ha participado en el pacto andaluz por el agua que fue firmado el pasado 3 de febrero en Sevilla por parte de la Junta de Andalucía y una veintena de organizaciones vinculadas a la gestión de este líquido elemento. Este acuerdo es el paso previo para la nueva ley, de ahí que las asociaciones vecinales aún puedan realizar aportaciones que, en mayor o menor medida, surgen de debates como los celebrados este fin de semana en El Puerto y al que asisten unas 150 personas, representantes de colectivos ciudadanos de todas las provincias así como expertos y responsables sindicales.
La CAVA apoya el pacto sobre todo porque cree necesario que hay que unificar criterios y procedimientos en todo el territorio andaluz, por lo que se debe equilibrar una tarifa igualitaria y no según la provincia. Sin embargo, entiende que, asumiendo que debe pagar más quien despilfarre el agua, el modelo de tarificación por bloques debe establecerse pero obligando a pagar más a quien más consuma, lo que conlleva un sistema de tarifa por persona y día. También aboga por establecer un precio mínimo según el uso, para agricultores o industriales, y garantizar este elemento básico a aquellas personas más desfavorecidas, socializando la tasa y estableciendo exenciones para casos puntuales. No quiere la confederación vecinal que el agua sea moneda de cambio en litigios políticos, ni que las mejoras en infraestructuras repercuta en los bolsillos de los ciudadanos con la implantación de un canon adicional sobre el recibo del agua. Estas actuaciones deberían sufragarse, opinan, con los presupuestos ordinarios. Respalda, por contra, que se realicen análisis de las zonas donde se pierde agua y se tomen medidas para contrarrestar los efectos de las inundaciones, impidiendo construir donde no se puede.