El alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo Foncubierta, ha reconocido en una comparecencia pública que el descubrimiento de la presunta malversación de fondos públicos ha coincidido con la inspección de oficio que la Cámara de Cuentas de Andalucía está haciendo en el Ayuntamiento, aunque aseguró que han sido los funcionarios municipales los que averiguaron la irregularidad y la pusieron en conocimiento de los técnicos de la Cámara y no al revés, como se ha publicado en algún medio de comunicación.
De Bernardo reconoció que la cuantía que haya podido desaparecer de las arcas públicas puede ser superior, habida cuenta de que hasta ahora sólo se han investigado tres meses, aunque sin aportar cifras aproximativas a la espera de como transcurrar las investigaciones.
El alcalde pidió comprensión porque algunos detalles no se puedan explicar en estos momentos, al ser parte de la investigación, como el modus operandi, aunque hay “ligeras sospechas”, y en cuanto a la posibilidad de que otras personas tuvieran acceso a la caja, se limitó a decir que la Policía ha considerado por ahora que sólo esas dos personas pueden estar involucradas.
Sobre el hecho de que hubiera en la caja tanto dinero en efectivo, el alcalde aclaró que en estos primeros meses del año se están depositando las fianzas de las obras del Fondo Estatal de Inversión Local, por lo que podía haber más líquido del habitual, aunque el alcalde dijo que no podía aportar datos sobre una cantidad media de fondos, ya que eso depende de muchas circunstancia. “La caja está viva”, dijo gráficamente para explicar que está sujeta a los cobros y pagos habituales en el Consistorio.
Los hechos
Es la primera comparecencia pública del alcalde tras conocer ayer que dos funcionarios municipales, un hombre y una mujer, fueron detenidos por la Policía Nacional, a través de una denuncia del propio Ayuntamiento de San Fernando, por un presunto delito de malversación de fondos públicos.
La cantidad en cuestión que falta en las arcas municipales, desde el mes de enero hasta la fecha, es de unos 468.000 euros, aunque se estima que puede ser mucho más ya que hay que contabilizar periodos anteriores.
La cuantía podría llegar a los 7,5 millones de euros, según han comunicado a este periódico fuentes extraoficiales.
El Ayuntamiento de San Fernando emitió un escueto comunicado en el que manifestaba que a última hora de la mañana se había conocido un informe de los servicios económicos en el que se comprueban irregularidades en la Caja municipal, estando implicados, presuntamente, dos funcionarios.
“De inmediato, este Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía dichas irregularidades a los efectos de que se llevaran a cabo las medidas policiales y judiciales que correspondan, teniendo constancia de la detención de esos dos funcionarios municipales como presuntos autores de los hechos”, dice el escrito.
Cuantía
La cuantía cuya falta se ha detectado se sitúa inicialmente en torno a los 468.000 euros sin perjuicio de los datos que ofrezca la investigación. No obstante, lo normal en estos casos es que los propios servicios tanto jurídicos como contables del Ayuntamiento, e incluso los judiciales, insten a investigar pasados periodos contables para poder esclarecer la envergadura del supuesto delito.
Por lo que ha podido conocer este periódico de fuentes extraoficiales de la investigación, ambos detenidos niegan los hechos aunque lo que marca el procedimiento es que se proceda a completar el informe y una vez comprobada la cantidad resultante, se obligue a su devolución conforme a la Ley General Presupuestaria y la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas.
Además, fuentes políticas señalaban ayer tarde a este medio que estos funcionarios no son los únicos que tienen acceso a estas cuentas, aunque no aclaraban cómo se actúa en este tipo de casos ni si los arqueos de la caja municipal deben hacerse diariamente.
Los dos detenidos son C. R. G. y M. J. L. de C., ambos cajeros del Ayuntamiento. El informe ha sido firmada por la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero y por el interventor, José Antonio López Fernández, en el que explican la denuncia y sus causas.
Ingresos y gastos
Según ese informe, se ha procedido a realizar un arqueo extraordinario de la Caja de efectivo de la Corporación con el fin de comprobar su saldo real en el primer trimestre del ejercicio, comprobándose la existencia de ingresos por valor de 672.290,35 euros, desde el 1 de enero a la fecha actual, mediante los correspondientes talones de cargo y la documentación justificativa. Ese arqueo extraordinario coincide con la fiscalización que la Cámara de Cuentas está realizado de oficio en el Ayuntamiento y que ya había arrojado posibles anomalías contables, lo que motivó la actuación del interventor.
En dicho periodo -sigue diciendo el informe- se constata la existencia de pagos verificados en efectivo por valor de 214.528,87 euros, de lo que 30.437,43 euros corresponden a pagos efectuados en el ejercicio 2008 y formalizado en dicho ejercicio.
Según el informe, esa situación de Tesorería debería mostrar un saldo positivo de 488.198,89 euros, pero una vez realizado el arqueo extraordinario mencionado, sólo existen en la Caja 19.475,06 euros, por lo que se procedió a solicitar a los responsables la justificación de la diferencia existente.
De esas cifras se deduce que el alcance de la presunta malversación podría llegar a los 468.723 euros, sin perjuicio de comenzar a investigar la situación de la caja en los ejercicios contables anteriores.
A disposición judicial
Ayer estaba previsto que los dos detenidos pasaran a disposición judicial en la mañana de hoy, tras prestar declaración en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía durante toda la tarde-noche tras la detención. Sin embargo esa comparecencia se ha suspendido y posiblemente no se produzca en la jornada de hoy.
El propio interventor, que ha tardado una semana en completar la investigación, puso el caso en conocimiento del alcalde, Manuel María de Bernardo, que ordenaba la presentación de la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, materializada por el interventor en nombre del Ayuntamiento.
A las seis de la tarde de ayer se reunía la Junta de Portavoces, a la que se daba cuenta de la situación y posteriormente se reunía el Gobierno en Pleno para delimitar el alcance de lo ocurrido.