La Fiscalía tiene desde hace dos años la denuncia de Barrientos

La liquidación de las sociedades municipales ‘Estepona XXI’, creadas durante el gobierno municipal de Jesús Gil Marín, ha tomado un protagonismo inesperado a lo largo de la semana al conocerse un informe del liquidador de estas sociedades, Juan Manuel de Hoyos, fechado en enero de 2004, en el que se aludía a la venta de parcelas y aprovechamientos efectuados durante el proceso de liquidación. El informe destaca las operaciones realizadas sobre las parcelas II, IV y V del SUP-C3 “Arroyo de las Cañas”; RP2, RP4, RP5, RP6 y RP7 del sector SUP-C4 “Camino de la Resinera” y los aprovechamientos urbanísticos de “Playa de Guadalmansa”, “Cortijo Casareño” y “Llanos de la Voladilla” y en él se documenta como esas ventas podrían haber supuesto una merma para las arcas municipales de más de tres mil millones de las antiguas pesetas al haberse vendido, tanto las parcelas como los aprovechamientos, en cantidad por debajo del cincuenta por ciento de su valor de mercado según la tasación realizada por el arquitecto Germán José García Zumaquero a instancias de Juan Manuel de Hoyos.  

Parcelas y aprovechamientos

En el informe de liquidador se desglosan las partidas en las que se vendieron las parcelas y aprovechamientos en la primera etapa de la liquidación de las sociedades ‘Estepona XXI’, siendo Rosa Díaz alcaldesa de Estepona por el Partido Popular, y la diferencia con la tasación llevada a cabo, sobre valor real de mercado, un año después aunque referidas al valor del momento de la venta. En el caso de las parcelas de “Arroyo Las Cañas”, se venden por 1.969.516 euros más IVA y la tasación indica que su valor era de 4.811.200 euros. En el caso de las parcelas del “Camino de la Resinera” éstas se vendieron por 3.546.971,40 euros más IVA cuando el valor de la tasación era de 10.563.947,52 euros. En la venta de aprovechamientos las diferencias entre el valor de venta y el de tasación son igualmente llamativas. En los aprovechamientos de “Playa de Guadalmansa” la venta se hace por 3.225.231,69 euros más IVA y el tasador fija el precio real en 8.308.975,92 euros. Los excesos de aprovechamientos de “Cortijo Casareño” se vendieron en 1.522.680,39 euros cuando el valor de tasación era de 3.288.960 euros. Por último, en los “Llanos de la Voladilla” el importe total de la venta de los aprovechamientos, incluido IVA, fue de 2.587.108,29 euros cuando su valor de tasación era de 4.857.840 euros.

Reclamación administrativa

La noticia sorprendía incluso al propio liquidador de las sociedades, Juan Manuel de Hoyos,”porque no me explicó de donde ha salido ya que sólo entregué una copia del informe a Antonio Barrientos" asegurando desconocer cómo y quién habría podido ‘filtrar’ su informe y, sobre todo, por qué ahora. Aún así, De Hoyos comentaba que, además de esa parte del informe, fechada el veintiuno de enero de dos mil cuatro, continuó con los trabajos de liquidación hasta que, en noviembre de dos mil seis, “a la vista de que no se hacía nada desde el Ayuntamiento”, presentó por Registro General de Entrada, un escrito en el que se le comunicaba al Ayuntamiento las reclamaciones administrativas que se presentaban e indicaba, “con un informe jurídico muy detallado y preciso de Guillermo Álvarez Rato”, los fundamentos de derecho y las acciones concretas que se debían tomar para proceder a la anulación de esas operaciones”. Juan Manuel de Hoyos comenta que ese escrito se presentó, "porque cuando tenía avanzado el trabajo de la liquidación de las empresas, me llegaban noticias de posibles convenios urbanísticos con los mismos a los que se les habían vendidos las parcelas y aprovechamientos a precios por debajo del valor de tasación"; por ello, continúa, "quise poner en conocimiento del Ayuntamiento la situación, las posibles soluciones y, además, salvaguardarme de las posibles responsabilidades a las que pudiera dar lugar".

Fiscalía anticorrupción

Y fué a consecuencia de ese escrito de reclamaciones administrativas, del treinta de noviembre de dos mil seis, cuando, asegura De Hoyos, “comenté a Antonio Barrientos que se debería de dar traslado a la Fiscalía a lo cual me respondió que preparase el escrito para que lo firmásemos los dos porque él se adhería a la denuncia que yo iba a presentar como liquidador”.

Y así ocurrió, veinte días después, el veintiuno de diciembre de dos mil seis, se presentaba un escrito  de cinco folios, firmado por Antonio Barrientos, como alcalde, y por Juan Manuel de Hoyos, como liquidador único de la sociedad Servicios Estepona XXI S.L., en el que se ponía en conocimiento de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, las anomalías detectadas por De Hoyos en el proceso de liquidación. Por tanto, Antonio Barrientos sí hizo lo que tenía que hacer, cumplió con las recomendaciones que le hizo el liquidador de las sociedades municipales y dió traslado de las presuntas irregularidades al órgano judicial pertinente para que sea éste el que depurase la existencia de posibles delitos y delimitase sus responsabilidades. Un escrito del que, pasados dos años, no hay constancia de que la Fiscalía se haya pronunciado.

¿Qué se pretende, a estas alturas, con insinuaciones bastardas?

Un asunto que estaba casi en el olvido, del que se sabía que en su día Antonio Barrientos había dado los pasos necesarios y firmes para que se aclarase, aparece, de la noche a la mañana, en medio de una vorágine de informaciones sobre afiliaciones cuando menos atípicas al PSOE, de sospechas sobre inscripciones registrales de viviendas y otras cuestiones que enturbian la imagen que se quiere ofrecer de algunos de nuestros actuales gobernantes. Ante esta situación surgen varias preguntas que no tienen una respuesta clara pero que sería bueno analizar como ¿Qué se pretende? ¿Qué intencionalidad existe? ¿A quién se quiere beneficiar o hundir? Es la ceremonia de la confusión, es el callar al niño cuando se le quita un caramelo premiándole con otro más gordo, es dispersar los mensajes buscando que el foco de atención sea otro. Antonio Barrientos hizo lo que tenía que hacer y, además, lo hizo bien, ante la Fiscalía que es la que después de dos años no ha dicho ni mu.