El exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía José de Haro se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares porque entiende que la instructora "ya no es competente" para investigar la causa.
De este modo, y durante su comparecencia, el imputado ha explicado que se acoge a su derecho a no declarar porque considera que el Juzgado de Mercedes Alaya "ya no es competente, como también, al parecer, lo considera la instructora, al dictar la resolución del pasado 25 de julio de 2014, del mismo modo que vienen entendiéndolo la Fiscalía y mi defensa".
El imputado se ha referido así a la providencia en la que la juez pidió al Ministerio Público que informara sobre qué tribunal es competente para seguir investigando a los aforados 'preimputados' en la causa, como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, aunque la propia magistrada ha contestado diciendo que "todavía no ha enviado" la causa al órgano superior, según abogados presentes en la declaración.
Al hilo de ello, el exviceconsejero ha indicado que, "siendo incompetente este Juzgado, mi derecho de defensa sólo se salvaguarda prestando declaración ante el órgano judicial que es competente, de tal forma que, de proseguir la presente actuación judicial, no sólo sería nula, sino que se desconocería gravemente mi derecho constitucional al juez predeterminado por la Ley".
De otra parte, el imputado ha asegurado desconocer hasta el día de hoy los hechos que se le imputan, "siendo así que el pasado 23 de julio de 2014 fui citado por este Juzgado para prestar declaración, sin que en la citación se hiciera mención a ningún hecho, lo que me ha impedido conocer los hechos que se me atribuyen y, con ello, articular mi derecho de defensa, lo que indudablemente me causa una manifiesta indefensión".
ANTICORRUPCIÓN NO PIDE NINGUNA MEDIDA CAUTELAR
"Las circunstancias expuestas me obligan a acogerme a mi derecho constitucional a no declarar, sin perjuicio de que lo haré ante el órgano judicial competente, si procediera, en su debido momento procesal", ha concluido.
Una vez concluida la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones han pedido medida cautelar alguna para el encausado.
El abogado del imputado, José María Mohedano, ha informado a los periodistas de que la juez ha modificado el auto inicial de imputación y ha retirado la parte donde ponía de manifiesto que, como secretario general de Hacienda entre abril de 2004 y 2009, "le correspondería el impulso y la coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaría General de la Intervención de la Junta de Andalucía".
Con ello, y según Mohedano, "si eran endebles los indicios, ya se han disuelto como un azucarillo", pues esta modificación "es sustancial y lo deja al margen de toda función en la política presupuestaria". Según ha explicado, la juez sí ha mantenido la parte del auto de imputación que se refiere a su etapa como viceconsejero.
Por último, ha añadido que su patrocinado desconoce los delitos que le imputa la juez.
La magistrada también ha citado este miércoles a la sindicalista de UGT-A Blanca Uruñuela como firmante en diciembre de 2004 del compromiso de pago de la Junta a Altadis, y a dos imputados relacionados con la empresa malagueña A Novo Comlink, como son José F. Pardo Fernández, alto directivo, consejero y representante e "interlocutor" de la empresa con la Consejería de Empleo, y Manuel Jiménez de Miguel, directivo de la empresa.
