En democracia la legitimidad política la confieren los ciudadanos con sus votos y las instituciones que, a través de mayorías, tienen la capacidad de otorgar el poder en nombre del pueblo. No es un cheque en blanco ni permanente. Por eso la legitimación de origen ha de revalidarse día a día en el ejercicio del poder y la ley establece mecanismos judiciales y parlamentarios para apartar a aquellos individuos o gobiernos que violen la norma o traicionen la confianza ciudadana.

El cambio de gobierno en el País Vasco y el relevo de Manuel Chaves al frente de la Junta de Andalucía han alimentado un mismo discurso en el PNV y en el PP según el cual ni Patxi López ni José Antonio Griñán están legitimados para asumir el poder. Los nacionalistas vascos han ido más allá cuando afirman que su partido es el líder político natural de Euskadi, que no dista mucho del discurso de quienes a lo largo de nuestra convulsa historia se consideraron llamados a detentar el poder por la gracia de Dios. Y lo más curioso es que ambos partidos han hecho lo mismo que lo que critican ahora como si fuera dogma de fe: el PNV ha gobernado y gobierna instituciones sin ser el partido más votado y el PP ha promovido prematuros cambios de poder autonómico sin que aquello se considerase una vulneración de las reglas del juego ni se sintiesen obligados a convocar elecciones anticipadas.
El discurso político tiende a la dramatización y a la exageración y, por supuesto, se inspira siempre en una geometría variable que tiende a considerar inadmisible para los otros lo que uno hace con naturalidad. Pero todo tiene sus límites y, en esta ocasión, se han vulnerado. Deslegitimar a López o a Griñán por alcanzar la investidura cumpliendo escrupulosamente con los procedimientos señalados en las leyes es deslegitimar el sistema y el marco legal que entre todos nos hemos dado. Y eso es lo último que cabe esperar de partidos democráticos. Que lo haga ETA, como también lo ha hecho en su último comunicado, ya es suficiente carga para nuestra democracia.