A la nueva ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, le cabe el inquietante honor de que se haya solicitado su dimisión el mismo día de su nombramiento. Quien ha pedido su dimisión o su cese es esa cosa que se ha dado en llamar un colectivo, pero al ser el de los internautas un colectivo imposible, pues éstos se caracterizan por su soledad, por su aislamiento, cuando no por un cierto autismo en sus relaciones y vinculaciones con los otros, la ministra puede gozar tranquilamente de su flamante cargo. No así el Gobierno, al que los internautas, por separado, uno a uno, le han cogido fila por pertenecer a él su bestia negra, y no se sabe la traducción electoral que puede tener la enemiga de tanta gente como hay frente al ordenador descargándose cosas.

La madre del cordero es, al parecer, esa, la firme beligerancia de González Sinde contra las descargas ilegales, que son, en internet, casi todas. Los usuarios consiguen gratis por la red, además de pornografía, películas, vídeos, canciones, y la ya o todavía ministra quiere que se pague por eso para, de un lado, contentar a la industria, y, de otro, contentar a Hacienda, pero la tercera fuerza en liza, la de la gente que se ha hecho a consumir de todo por la patilla, se puede descontentar muchísimo si la ministra logra su propósito.

Desde luego, se entienden muy bien los argumentos y los intereses más o menos legítimos de todas las partes, de modo que mejor no entrar aquí en ellos, pero donde sí cabría entrar es en aquello que atañe a la hipocresía y a la incongruencia del poder: ¿No da la brasa constantemente este Gobierno, como la dio el anterior, para que la gente se compre ordenadores y se enganche a internet? ¿No se han gastado grandes sumas de dinero público en el fomento de eso? Pues bien, ¿para qué se cree el Gobierno que le sirve internet a la mayoría? Muy sencillo: para eso. Para pillar de balde películas malas y canciones horrísonas, es decir, pagando por ellas lo que, en general, valen. La ministra debería reflexionar sobre ello.