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Viernes 15/11/2024
 
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Andalucía

Andalucía, entre las regiones con menos privatización sanitaria

Lo concluye así el segundo informe "La privatización sanitaria de las CCAA", realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) con datos del pasado año y de 2013, y que destaca que el proceso de privatizaciones "continúa en prácticamente" todas las autonomías

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Madrid, Cataluña, Galicia y Baleares son, por este orden, las comunidades autónomas que tienen mayor grado de privatización sanitaria, mientras que el menor se da en Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y Andalucía.

Lo concluye así el segundo informe "La privatización sanitaria de las CCAA", realizado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) con datos del pasado año y de 2013, y que destaca que el proceso de privatizaciones "continúa en prácticamente" todas las autonomías.

El gasto sanitario privado se ha incrementado en un 7,3 % en 2014 debido fundamentalmente a los copagos y a los recortes en la sanidad pública, según esta federación, que ha recordado que entre 2009 y 2013 hubo un recorte presupuestario del 13,7 %.

Además, se ha observado "un mayor aumento del gasto privado allí donde más disminuyeron los presupuestos públicos", ha señalado hoy en la presentación del estudio Marciano Sánchez, portavoz de esta federación.

Sánchez ha explicado que, aunque la privatización sanitaria es un fenómeno que "viene de antiguo" (desde finales de los años ochenta), se profundizó a partir de 2001 con las transferencias sanitarias a las comunidades.

"Y se ha incrementado de forma notable a partir de este último Gobierno", ha asegurado.

Para la Fadsp, "si se deteriora el sistema público se produce un incentivo para que las personas con medios económicos busquen una alternativa en el sector privado".

"Tanto se deteriora el sector público, tanto se fomenta el sector privado", ha aseverado Sánchez, aunque ha afirmado que hay mucha gente que no puede acceder económicamente a la sanidad privada, lo que provoca "desigualdad".

El informe indica que las comunidades con un elevado grado de privatización son Madrid (23 puntos), Cataluña (22), Galicia (19) y Baleares (18).

Con un grado intermedio de privatización: Canarias (17), País Vasco (17), Aragón y Castilla y León (ambas con 16), Valencia (15), Cantabria (14), Navarra (14) y La Rioja (14).

Por el contrario, las autonomías con bajo grado de privatización son Andalucía (13), Asturias (13), Castilla-La Mancha (11) y Extremadura (9).

Estos datos demuestran "la falta de cohesión y desigualdad" sanitaria entre las regiones -ha continuado Sánchez- y que todas "han empeorado", en general, respecto al otro estudio en cuanto a que ha aumentado la privatización.

En concreto, en comparación con el trabajo anterior (con datos de 2012 y 2013) solo Andalucía y Asturias han bajado un puesto.

Para realizar el estudio, la Fadsp ha analizado aspectos de aseguramiento, financiación privada, recursos del sector privado, el porcentaje de gasto sanitario público dedicado a contratación con los centros privados o las fórmulas de colaboración público-privadas.

Según Sánchez, las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están "infraestimadas".

Ello es debido a la presencia del modelo Muface (dedica fondos públicos a financiar seguros privados) y porque existen modelos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado (por ejemplo, para pruebas diagnósticas) que se incluyen en los presupuestos de los centros públicos.

De acuerdo a estos criterios, se ha puntuado a todas las CCAA y se ha obtenido un resultado promedio de 15,64 puntos (rango entre 9 y 23), sobre un máximo de 25 puntos posibles.

Sánchez ha apuntado que este estudio está limitado por la "ausencia de transparencia de las administraciones sanitarias" y porque los datos de la sanidad pública "están secuestrados".

Ha dicho que la gente debe ser "consciente" de que el servicio sanitario público ha tenido "una agresión muy importante" estos años y ha confiado en que la información sobre los gastos sanitarios de todas las regiones se hagan públicos y ello sea un compromiso de los grupos políticos.

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